La Fiscalía solicita inicialmente siete años y medio de prisión por acusado por presuntos delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad. El procedimiento, que se prolongará hasta el 26 de octubre, contará con más de treinta testigos, entre ellos antiguos responsables políticos y judiciales señalados por las acusaciones falsas.
Castellón, 16 de octubre de 2026. Casi tres décadas después de que comenzaran a circular las primeras acusaciones sobre una supuesta red de abusos sexuales a menores en un establecimiento de Benicarló, el conocido como caso Bar España ha llegado a juicio.
La Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón ha iniciado este viernes la vista oral contra seis personas acusadas de contribuir a la difusión de un relato conspirativo que vinculaba falsamente a responsables políticos, magistrados, empresarios y otras personas con una supuesta organización de pederastia.
Las investigaciones judiciales anteriores no acreditaron la existencia de aquella trama y las denuncias que dieron origen al relato fueron archivadas.
El procedimiento actual no tiene como objeto juzgar la existencia de una red de abusos, sino determinar las posibles responsabilidades penales de quienes difundieron durante años aquellas acusaciones.
Seis acusados y peticiones de siete años y medio de prisión
La Fiscalía atribuye a los procesados presuntos delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad.
Las peticiones iniciales alcanzan los siete años y medio de prisión por acusado, lo que representa un total de 45 años si se suman las seis solicitudes.
Junto a las responsabilidades penales, las acusaciones reclaman indemnizaciones para las personas que consideran perjudicadas por la difusión de las informaciones falsas.
También figura en el procedimiento el editor de un medio digital como posible responsable civil.
La determinación de las responsabilidades corresponderá al tribunal después de examinar las pruebas y escuchar a las partes.
Un relato que comenzó en Benicarló en los años noventa
El origen del caso se remonta a 1997, cuando Reinaldo Colás denunció supuestos abusos sexuales contra sus hijas.
Aquellas acusaciones fueron investigadas y no quedaron acreditadas judicialmente.
Posteriormente, Colás comenzó a difundir un relato que situaba en un bar de carretera de Benicarló el supuesto centro de una organización criminal dedicada a abusar de menores.
Con el paso del tiempo, la historia incorporó acusaciones de torturas, asesinatos y rituales satánicos.
También comenzaron a aparecer nombres de responsables públicos y personas conocidas.
La difusión del relato continuó durante años a través de publicaciones, páginas de internet, vídeos y otros materiales.
Políticos y magistrados entre los perjudicados
Entre las personas relacionadas falsamente con la supuesta trama figuraban el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la exvicepresidenta Mónica Oltra, el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y la exconsellera Gabriela Bravo.
También resultó señalada una magistrada que había intervenido en las actuaciones judiciales relacionadas con las denuncias iniciales.
La inclusión de personas con trayectorias políticas diferentes muestra la amplitud que adquirió la difusión de aquellas acusaciones.
La Fiscalía sostiene que los procesados contribuyeron a mantener y extender el relato pese a la ausencia de pruebas y a las actuaciones judiciales que habían cuestionado su veracidad.
Las defensas alegan prescripción y expresan arrepentimiento
La primera sesión del juicio ha estado dedicada principalmente a cuestiones previas.
Los abogados de varios acusados han solicitado que se considere prescrita parte de la responsabilidad penal relacionada con las injurias y calumnias.
También han cuestionado determinadas pruebas y la intervención del Ministerio Fiscal como parte acusadora.
Durante la vista, defensas de algunos procesados han manifestado que sus clientes se retractan de las afirmaciones difundidas y están arrepentidos.
El representante del Ministerio Público ha mostrado escepticismo ante esas manifestaciones y ha planteado que deberán valorarse en el contexto del procedimiento.
El tribunal deberá resolver las cuestiones jurídicas pendientes conforme avance el juicio.
Retrasos y declaraciones por videoconferencia
La primera jornada ha registrado problemas técnicos que han retrasado el comienzo de la vista.
Tres acusados han comparecido presencialmente y otros han participado mediante videoconferencia.
La utilización de conexiones telemáticas ha provocado discrepancias entre las partes.
Uno de los procesados, que también ejerce como abogado, ha asumido su propia defensa.
Las incidencias técnicas han condicionado el desarrollo inicial de la sesión y algunas declaraciones han quedado aplazadas.
Más de treinta testigos durante seis jornadas
El tribunal ha reservado seis sesiones para celebrar la vista oral.
Las fechas previstas son el 16, 20, 21, 22, 23 y 26 de octubre.
Está programada la declaración de más de treinta testigos, incluidos antiguos responsables políticos, personas afectadas por las publicaciones y participantes en las investigaciones.
También se prevé la intervención de peritos relacionados con el análisis de pruebas y materiales digitales.
Las declaraciones permitirán examinar cómo se difundieron las acusaciones, qué participación tuvo cada procesado y qué consecuencias pudieron producirse sobre las personas señaladas.
El impacto de una acusación falsa durante décadas
El caso Bar España se ha convertido en un ejemplo de cómo una acusación sin respaldo probatorio puede mantenerse durante años y alcanzar una gran difusión.
La circulación de vídeos, publicaciones y testimonios posteriormente cuestionados permitió que el relato llegara a diferentes públicos.
Las personas señaladas tuvieron que afrontar las consecuencias de acusaciones especialmente graves que afectaban a su reputación.
La investigación judicial también ha puesto el foco en la responsabilidad de quienes reproducen afirmaciones sin contrastar su origen o ignoran resoluciones que las desmienten.
La presunción de inocencia de los procesados
Aunque el origen falso de la supuesta trama ha sido objeto de anteriores actuaciones judiciales, las responsabilidades individuales que ahora se examinan deben determinarse en este procedimiento.
Los seis acusados mantienen su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
El tribunal deberá valorar las conductas atribuidas a cada uno, la vigencia de las acciones penales y las pruebas presentadas.
Un juicio casi treinta años después
El procedimiento iniciado este viernes constituye una nueva etapa judicial de un caso que comenzó a finales del siglo pasado.
Durante las próximas sesiones se analizará la difusión de las acusaciones, la participación individual de los procesados y los daños reclamados por los perjudicados.
El juicio del caso Bar España no pretende demostrar una trama de pederastia que no fue acreditada, sino establecer si la difusión continuada de aquellas acusaciones falsas constituye delito y qué responsabilidades corresponden a sus presuntos autores.
