El relato sobre la vivienda se le desmorona a Pedro Sánchez en la misma semana. La caída en cadena de la portavoz del PSOE tras destaparse un patrimonio inmobiliario opaco, los expedientes firmados por el ministro Óscar López para echar a inquilinos en pisos de MUFACE y la desesperada maniobra de distracción con las pensiones retratan la fractura moral de Moncloa.
La caída de la portavoz: Hipocresía y negocio a escala panameña
El discurso social del Gobierno se ha resquebrajado definitivamente por la vía de la incongruencia. Montse Mínguez, portavoz del PSOE y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez, se ha visto forzada a presentar su dimisión irrevocable. La presión medática e institucional se volvió insostenible tras salir a la luz que su pareja sentimental no solo es un calificado «gran tenedor» con más de 30 inmuebles en propiedad en España destinados al alquiler, sino que además opera a través de un entramado societario con ramificaciones en Panamá dedicado al sector inmobiliario y a la construcción.
La gravedad del escándalo radica en el sangrante choque ideológico: mientras desde los atriles del Partido Socialista se criminalizaba públicamente la figura de los grandes propietarios, acusándolos de «carroñeros» y especuladores, la máxima portavoz del partido compartía techo con uno de ellos. Mínguez llegó a ensayar una defensa a la desesperada alegando que las mercantiles de su entorno eran «empresas familiares que cumplen la legalidad» y que «si un inquilino no paga, se le desahucia». Sus palabras dinamitaron el relato gubernamental y precipitaron una renuncia fulminante que deja al descubierto la doble vara de medir del sanchismo.
Óscar López firma desahucios en pisos públicos del Muface
Lejos de tratarse de una incoherencia aislada, el problema habitacional se ha extendido al seno del propio Consejo de Ministros. Se ha revelado que el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, estampó su firma en la resolución que deniega el recurso administrativo a un inquilino vulnerable para forzar su desalojo de una vivienda gestionada por MUFACE.
El caso cobra especial virulencia política al situarse exactamente en la misma zona de Madrid donde residía la mediática inquilina Mari Carmen, convertida en símbolo por la izquierda para atacar la especulación privada. Mientras el Ejecutivo ondea la bandera de la moratoria de desahucios y la protección al débil, los documentos oficiales demuestran que el ministerio dirigido por López activó la vía de expulsión contra un ciudadano cuya madre había habitado el inmueble público desde 1988. El argumento interno de la Administración para vaciar y liquidar estos inmuebles —capitalizar fondos para otras partidas— deja al descubierto que el Estado actúa bajo la misma lógica implacable que tanto reprochan a los fondos privados.
Nueva estrategia del miedo tras el fiasco de la vivienda
Acorralado por la acumulación de escándalos en un área estratégica, el comité de campaña de Pedro Sánchez ha dado la orden de virar de forma urgente el foco del debate político. La agenda en torno al acceso a la vivienda, que pretendía ser el eje vertebrador del discurso socialista, ha quedado seriamente inhabilitada por los propios hechos.
Para contrarrestar el impacto del caso Mínguez y la polémica de MUFACE, el aparato de propaganda del PSOE ha comenzado a agitar de forma alarmista el fantasma de los recortes en las pensiones públicas. Apelando a la táctica habitual de infundir temor sobre la sostenibilidad del sistema, los aparatos del partido intentan rascar votos y tapar las contradicciones flagrantes que asuelan a un Gobierno cuyas lecciones de moralidad han chocado de frente contra el registro de la propiedad.
