Un matrimonio fue detenido durante una operación contra el blanqueo internacional por su supuesta vinculación con una billetera digital de 21,5 millones de dólares. Meses después, la UDEF reconoció que había cometido un error al identificar a la titular de la cuenta. La pareja sigue investigada y reclama recuperar sus bienes y su vida familiar.
Valencia, 16 de octubre de 2026. Cinco meses en prisión provisional, un niño de ocho años separado de sus padres y más de 750.000 euros en bienes bloqueados. Estas son algunas de las consecuencias que denuncia un matrimonio de origen chino residente en L’Eliana después de haber sido detenido en una operación internacional contra el blanqueo de capitales.
El caso se remonta al 14 de enero de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional, con participación de unidades especializadas y Europol, entraron en la vivienda familiar.
La pareja fue arrestada por su presunta vinculación con una organización criminal que investigaba un juzgado de Almería.
La principal conexión con la trama era una billetera de criptomonedas por la que habían circulado más de 21,5 millones de dólares.
Sin embargo, meses después, la propia Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal reconoció un error material en la identificación de esa cuenta.
Una detención que cambió la vida de la familia
La intervención policial formaba parte de la denominada Operación Karasu, una investigación contra una presunta red internacional de blanqueo de capitales.
El operativo se desarrolló en distintas provincias y permitió detener a 17 personas.
Entre ellas figuraba el matrimonio de L’Eliana, formado por dos antiguos policías chinos que residían en la Comunitat Valenciana.
Al día siguiente del registro, un juez acordó el ingreso de ambos en prisión provisional.
La medida se mantuvo durante aproximadamente cinco meses.
La acusación se apoyaba en una billetera digital
Los investigadores habían atribuido a la mujer una dirección de criptomonedas utilizada para mover fondos mediante la red TRON.
Por esa billetera habían circulado 21.514.321 dólares en USDT.
La Policía consideró inicialmente que podía tratarse de una cuenta utilizada por la organización investigada.
La defensa sostiene que esa atribución fue el principal elemento utilizado para vincular al matrimonio con la presunta trama.
El problema apareció cuando posteriormente se reconoció que la identificación no era correcta.
La Policía admite un error material
En diciembre de 2025, la UDEF reconoció, según las informaciones publicadas, un error involuntario de transliteración y volcado de datos.
La rectificación indicaba que la mujer no era titular de la billetera inicialmente atribuida.
Su relación con aquella dirección correspondía a una operación concreta, según la corrección policial.
En marzo de 2026, los investigadores calificaron lo sucedido como una subsanación de error material.
Para el abogado del matrimonio, la equivocación afecta a uno de los elementos centrales de la investigación.
Sin embargo, la causa judicial continúa abierta y todavía no se ha determinado definitivamente qué consecuencias tendrá la rectificación.
La billetera movió dinero mientras estaban en prisión
Otro dato destacado por la defensa es que la cuenta continuó registrando movimientos durante el encarcelamiento del matrimonio.
Según la información publicada, se realizaron 38 transferencias por más de 691.000 dólares mientras ambos permanecían en prisión.
La defensa considera que esta actividad contradice la hipótesis de que la mujer controlara personalmente la billetera.
No obstante, la identificación del responsable de las operaciones requiere una comprobación técnica específica.
El hijo pasó dos meses en un centro de menores
La detención tuvo consecuencias inmediatas para el hijo de la pareja.
El niño, que entonces tenía ocho años, fue trasladado a un centro de protección de menores de la Generalitat Valenciana.
Permaneció allí aproximadamente dos meses.
Posteriormente, los servicios sociales autorizaron su traslado a China para quedar al cuidado de familiares.
La pareja considera que la separación ha provocado un profundo perjuicio en su vida familiar.
Una fianza de 60.000 euros para salir de prisión
El matrimonio obtuvo la libertad provisional en junio de 2025 después de depositar una fianza de 60.000 euros.
Sin embargo, la salida de prisión no supuso el final de sus problemas.
Los bienes de la familia continuaron bloqueados por decisión judicial.
La pareja denuncia que esta situación les ha impedido recuperar su actividad laboral y atender con normalidad determinadas obligaciones económicas.
Más de 750.000 euros embargados
Según las informaciones publicadas, el valor de los bienes bloqueados supera los 750.000 euros.
La familia también afronta problemas hipotecarios y de liquidez.
El matrimonio sostiene que las medidas cautelares están teniendo consecuencias desproporcionadas después de la rectificación policial.
Sin embargo, la decisión sobre el mantenimiento de los embargos corresponde al órgano judicial que investiga la causa.
La defensa reclama los documentos originales
El abogado considera necesario examinar los archivos técnicos originales que permitieron atribuir la billetera a la mujer.
Entre sus peticiones figura la revisión de documentación procedente de plataformas de criptomonedas.
La defensa sostiene que estos documentos pueden ayudar a determinar cómo se produjo el error y si existen pruebas suficientes para mantener la investigación.
También ha solicitado el sobreseimiento del procedimiento respecto al matrimonio.
La causa sigue abierta
Pese al reconocimiento policial del error, la pareja continúa investigada.
La rectificación de un dato no implica automáticamente el archivo de una causa penal si el juzgado considera que existen otros elementos que deben examinarse.
Por tanto, no puede afirmarse que exista una resolución judicial definitiva que haya declarado la inocencia de los investigados.
Ambos conservan su derecho a la presunción de inocencia.
¿Quién responde por las consecuencias?
El caso plantea cuestiones relevantes sobre la identificación de personas en investigaciones de delitos económicos y sobre las consecuencias de los errores en el tratamiento de datos.
También pone de manifiesto la importancia de revisar las medidas cautelares cuando se producen cambios sustanciales en los indicios que las motivaron.
La defensa reclama que se esclarezca la equivocación y se permita a la familia recuperar su situación económica y personal.
Cinco meses de prisión provisional, la separación de su hijo y el bloqueo de sus bienes son las consecuencias que denuncia este matrimonio de L’Eliana. La UDEF ha reconocido un error de identificación, pero la investigación judicial continúa abierta y el conflicto todavía no tiene una resolución definitiva.
