La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha hecho un llamamiento urgente al Gobierno de España y a las comunidades autónomas para renovar el acuerdo de distribución del 0,7% del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinado a fines sociales, cuya vigencia finaliza este año.
La entidad subraya que la continuidad de este modelo de financiación es esencial para sostener el trabajo del Movimiento Asociativo en todo el país.
Según COCEMFE, el actual sistema de reparto —80% para las comunidades autónomas y 20% para la Administración General del Estado— es clave para asegurar una atención directa, equitativa y coordinada a millones de personas con discapacidad física y orgánica.
“Las entidades estatales no sustituyen, sino que fortalecen. Sostenemos a las organizaciones más pequeñas, en zonas rurales o con menos recursos. Sin nuestro apoyo, su trabajo sería inviable”, ha afirmado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
Un pilar del Estado de Bienestar
COCEMFE considera que su función dentro del sistema social español no puede ser interrumpida.
A través de estas subvenciones, la Confederación brinda formación especializada, herramientas técnicas y soporte metodológico a sus 92 entidades miembro, que representan a más de 2,6 millones de personas con discapacidad y sus familias.
Su papel también es estratégico en el Diálogo Civil, participando activamente en el diseño e implementación de políticas públicas inclusivas.
Además, esta labor contribuye al cumplimiento de la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Riesgo de desarticulación y pérdida de servicios
Desde COCEMFE se alerta que la no renovación del acuerdo tendría consecuencias devastadoras: desarticulación del Movimiento Asociativo, pérdida de empleo en el sector social, debilitamiento de los servicios esenciales y, lo más grave, abandono de las personas con discapacidad más vulnerables.
Muchas de ellas dependen directamente de estos servicios para cubrir necesidades básicas no atendidas por las administraciones públicas.
“Nuestra labor no puede parar. La inclusión no puede aplazarse”, subraya Queiruga.
Por ello, COCEMFE y el movimiento CERMI, que aglutina a las principales organizaciones de la discapacidad en España, exigen la renovación urgente del acuerdo y la garantía de una financiación estable que permita construir una sociedad donde nadie quede atrás.
CERMI CV exige a la Generalitat y al Gobierno Central renovar ya mismo el acuerdo de fondos sociales
