Absuelto un profesor acusado de agresión sexual a dos alumnas en un instituto de Valencia
La Audiencia Provincial de Valencia ha dictado sentencia absolutoria para un profesor de instituto acusado de agredir sexualmente a dos alumnas, tras valorar como “categórica” y “convincente” su declaración durante el juicio. La resolución judicial considera que no existen pruebas objetivas que sustenten la acusación más allá del testimonio de las denunciantes.
El juicio y la valoración de las pruebas
El caso, juzgado por la Sección Quinta de la Audiencia, giraba en torno a supuestos episodios de índole sexual ocurridos en el entorno escolar. Sin embargo, el tribunal ha puesto el foco en la ausencia de indicios objetivos que respalden las versiones de las presuntas víctimas. Según la sentencia, no se han presentado elementos materiales, testigos presenciales ni documentación adicional que apunten a la comisión del delito.
En contraposición, el tribunal destaca que la defensa del docente fue “firme, detallada y coherente”, lo que reforzó la credibilidad de su versión de los hechos. Esta contundencia, sumada a la falta de pruebas corroborativas, llevó al órgano judicial a aplicar el principio de presunción de inocencia.
Falta de pruebas objetivas
Aunque el tribunal ha subrayado que no cuestiona la legitimidad de la denuncia ni la buena fe de las alumnas al relatar su experiencia, ha insistido en que una condena penal debe basarse en evidencias sólidas. En este caso, las acusaciones no venían acompañadas de elementos externos que permitieran al tribunal ir más allá del relato subjetivo.
Este criterio es clave en la justicia penal, donde, ante una situación de duda razonable, debe prevalecer la absolución del acusado. La Audiencia ha recordado que la mera existencia de una denuncia no puede considerarse prueba concluyente.
Una sentencia que reabre el debate
El caso ha generado reacciones divididas en distintos sectores de la sociedad, desde quienes reclaman mayor sensibilidad judicial ante denuncias por violencia sexual, hasta quienes advierten del riesgo de criminalización sin pruebas fehacientes.
La sentencia también ha reactivado el debate sobre los protocolos escolares de prevención y actuación ante este tipo de denuncias, así como el papel de los servicios de orientación en centros educativos.
