VALÉNCIA. – La Agencia Valenciana Antifraude ha ratificado la existencia de severas irregularidades en la tramitación y adjudicación de un contrato del Ayuntamiento de Valéncia destinado al Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil. Tras concluir la fase de investigación y dar audiencia a la administración local, el organismo fiscalizador ha resuelto que el expediente presenta vicios suficientes para que el consistorio valore el inicio de una revisión de oficio con el fin de declarar su nulidad.
El contrato objeto de la investigación, dotado con un presupuesto de 153.420 euros, tenía por finalidad el suministro de veinte sistemas informáticos embarcados —tabletas rugerizadas— y veinticinco licencias de software de gestión de emergencias (ResQmobile) para la flota de vehículos de bomberos.
De acuerdo con las conclusiones definitivas emitidas por Antifraude el pasado 30 de junio, la tramitación técnica y administrativa del expediente omitió los mecanismos de control legalmente exigidos. La resolución del organismo detalla una serie de anomalías que configuran un presunto trato de favor hacia la mercantil adjudicataria.
Pliegos idénticos y declaraciones presuntamente falsas
La investigación acredita que el personal municipal mantuvo contactos documentados previos con la mercantil adjudicataria antes de la licitación oficial. Sin embargo, estas conversaciones no fueron publicadas ni articuladas mediante el procedimiento de consulta preliminar de mercado que exige la legislación de contratos del sector público.
Asimismo, el informe técnico constata que el pliego de prescripciones técnicas finales que rigió el concurso coincidía de manera exacta con la propuesta comercial remitida por la propia firma meses antes. La Agencia destaca que ninguna otra tableta disponible en el mercado cumplía con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos en el pliego sin ser sometida a modificaciones previas, lo que en la práctica limitó la concurrencia competitiva a un único licitador.
Otro de los puntos críticos señalados por Antifraude radica en la declaración formal que la empresa adjuntó en su oferta, en la cual afirmaba por escrito no haber participado en las labores de preparación del contrato. El órgano fiscalizador determina que dicha declaración es falsa, una circunstancia que advierte que podría acarrear responsabilidades administrativas y penales.
Precio inflado y pacto exclusivo de protección
En el plano económico, la auditoría del expediente revela un desfase financiero significativo. El precio de licitación fijado por el Ayuntamiento superó en 14.893,30 euros al presupuesto inicial presentado por la propia adjudicataria en los meses previos, una alteración al alza que no consta debidamente justificada en el expediente administrativo.
A este sobrecoste se añade la detección de un pacto de «precio protegido» formalizado entre el fabricante del producto y la empresa comercializadora. Este acuerdo en exclusiva, específico para el Ayuntamiento de Valéncia y concertado antes de que el concurso público fuera publicitado, impidió que otros posibles competidores accedieran al producto en igualdad de condiciones, lo que la resolución vincula con una presunta infracción de la Ley de Defensa de la Competencia por acceso a información privilegiada.
Plazo de un mes para la toma de medidas
Ante estos hechos, la recomendación de la Agencia Valenciana Antifraude insta formalmente al Ayuntamiento de Valéncia a evaluar la declaración de nulidad del contrato. En el supuesto de proceder a la liquidación de la relación contractual, el organismo rector estipula que la misma deberá ejecutarse excluyendo el abono del beneficio industrial a la contratista. La administración local dispone de un plazo reglamentario de un mes para reportar las decisiones y medidas adoptadas al respecto.
Por otra parte, la resolución de Antifraude incluye un apercibimiento relativo a las estructuras organizativas internas del propio consistorio. El informe señala que, a pesar de estar contemplados en el Plan de Integridad institucional del Ayuntamiento, todavía no se han constituido formalmente ni el Comité Ético ni la Comisión Antifraude municipales, por lo que insta a su urgente puesta en funcionamiento como mecanismos indispensables de control de la contratación pública.
