El Ayuntamiento de Valencia se enreda ante el Síndic para ocultar su inacción en la Estación de Nazaret
La gestión del patrimonio histórico en la ciudad de Valencia vuelve a verse envuelta en la polémica, esta vez no solo por el alarmante deterioro físico de sus monumentos, sino por un monumental embrollo administrativo en el seno del propio consistorio.
El Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural ha presentado un durísimo escrito de alegaciones ante el Segundo Adjunto del Síndic de Greuges, Carlos Castillo Márquez, en el que desmonta de forma pormenorizada la estrategia defensiva del Ayuntamiento de Valencia respecto a la antigua estación de FEVE de Nazaret, catalogada oficialmente como Bien de Relevancia Local (BRL) con la categoría de Monumento de Interés Local.
La entidad cívica ha sacado a la luz un cruce de cables competenciales y un conjunto de contradicciones que califican técnicamente de «vicio de confusión competencial» y «reconstrucción retrospectiva de los antecedentes de hecho». Según los documentos analizados, supuestamente ha sido el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico quien ha intentado justificar meses de pasividad y desconocimiento ante el Defensor del Pueblo valenciano atribuyéndose informaciones que nunca poseyó en el mes de abril, llegando a plagiar y retorcer argumentos teóricos de otras concejalías para ocultar que estuvo completamente a ciegas sobre la propiedad del inmueble hasta que una intervención policial forzosa destapó la realidad a mediados de mayo.
El origen del conflicto: un monumento desamparado y en riesgo de ruina
La antigua estación de FEVE de Nazaret, ubicada en el número 12 de la Calle Mayor del histórico barrio marítimo, es el epicentro de una batalla burocrática que se prolonga ya durante casi una década. El expediente actual (número 2601219) es en realidad la reapertura de una larga cadena de quejas ciudadanas que se remontan a los años 2018, 2019 y 2021. Todas ellas compartían un mismo objeto: denunciar el deficiente estado de conservación de la edificación, el abandono de su entorno de protección y la falta de medidas contundentes por parte de la administración municipal para obligar a los propietarios a mantener la integridad estructural del edificio.
Durante años, el Ayuntamiento dirigió sus requerimientos y órdenes de ejecución a la mercantil Seluin, SL, titular histórica de la parcela. Sin embargo, la constante inactividad de la empresa y la falta de medidas cautelares efectivas por parte del municipio provocaron que el inmueble fuera degradándose paulatinamente, convirtiéndose además en un foco de ocupación ilegal y acumulación de basuras.
Ante esta situación de abandono perenne, el Círculo por la Defensa del Patrimonio instó al Síndic de Greuges a mantener una fiscalización rigurosa sobre el Ayuntamiento, sugiriendo incluso la posibilidad de que el consistorio procediera a la inmatriculación registral del inmueble si este carecía de dueño conocido. Fue esta presión la que obligó a las distintas delegaciones municipales a emitir informes de urgencia el pasado mes de abril, destapando de forma involuntaria la absoluta desconexión que existe entre los departamentos encargados de velar por los bienes de la ciudad.
Dos servicios que se llaman casi igual pero actúan al revés
El nudo gordiano del «mareo» administrativo reside en la incapacidad de la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento para coordinar e interpretar las respuestas de sus propias concejalías. En el organigrama municipal coexisten dos departamentos con nomenclaturas sumamente parecidas pero con funciones e incluso orientaciones políticas completamente distintas en este expediente:
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El Servicio de Patrimonio (Municipal): Adscrito en el momento del informe a la Delegación de Juan Manuel Badenas Carpio, este departamento se encarga exclusivamente de la gestión pura del inventario de bienes del Ayuntamiento. Su única función es determinar si una propiedad pertenece o no al patrimonio público local.
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El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico: Adscrito a la Delegación de José Luis Moreno Maicas, este órgano tiene encomendada la protección arquitectónica, monumental y arqueológica de los hitos catalogados de la ciudad, independientemente de que las manos que los posean sean públicas o privadas.
Al unificar las respuestas que el consistorio debía trasladar al Síndic de Greuges, se produjo una preocupante asimilación de discursos en la que un servicio terminó por apropiarse de las palabras del otro en beneficio propio, alterando sustancialmente la verdad material del proceso.
La radiografía de abril: incertidumbre catastral e hipótesis legales
Para entender el alcance del engaño denunciado por la asociación patrimonialista, resulta imprescindible examinar qué es lo que plasmó verdaderamente cada uno de estos departamentos en sus informes emitidos a principios del mes de abril de 2026.
Por un lado, el Servicio de Patrimonio (Municipal) se limitó a desentenderse de la propiedad del inmueble. Confirmó que la antigua estación ferroviaria nunca ha figurado a nombre del Ayuntamiento y que, legalmente, la corporación local carece de legitimación para inmatricular a su favor un inmueble ajeno mediante los procedimientos simplificados de la Ley Hipotecaria.
Fue en este informe, y únicamente en este, donde se deslizó una mención abstracta al Ministerio de Hacienda. El técnico del área argumentó que si se aceptara la tesis de que el edificio era un bien vacante, mostrenco o carente de dueño, la ley española (en concreto los artículos 17 y 46 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas) determina que la titularidad debe adjudicarse automáticamente al Estado central, correspondiendo al Ministerio de Hacienda su correspondiente investigación. Este servicio cerró su intervención afirmando textualmente que allí terminaban sus competencias.
Por otro lado, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico emitió su informe en paralelo. Al consultar las bases de datos catastrales vinculadas al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el personal del área descubrió una preocupante realidad: la empresa a la que llevaban años requiriendo las reparaciones, Seluin, SL, ya no constaba como titular de la parcela. El informe de abril reflejó un vacío absoluto de información: no sabían quién había comprado la estación ni cuándo se había producido la transacción, tal y como se descubrió tras el escrito de Círculo por la Defensa del Patrimonio a Hacienda.
Ante este escenario de total incertidumbre sobre la identidad del obligado legal, el servicio concluyó que informaría al Servicio de Disciplina Urbanística sobre este hecho para que iniciara de nuevo el procedimiento de Orden de Ejecución y comenzara las correspondientes indagaciones para dar con el paradero del nuevo propietario.
De este modo, la situación real del Ayuntamiento de Valencia a fecha 8 de abril de 2026 era de absoluta ceguera: Patrimonio Municipal teorizaba sobre leyes del Estado y Patrimonio Histórico admitía ignorar quién poseía las llaves del monumento.
El informe de junio: la fabulación retrospectiva de los hechos
El escándalo administrativo estalla con la llegada del nuevo informe municipal fechado en junio. Al verse acorralado por las exigencias continuas del Síndic para que adopte medidas urgentes frente a la ruina del edificio, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico, o así aparece en el informe, asume la portavocía de la respuesta municipal de una forma que el Círculo por la Defensa del Patrimonio califica de engañosa y carente de veracidad material.
En este segundo documento, el Servicio de Patrimonio Histórico afirma taxativamente ante el Síndic que «tal como se indicaba en el anterior informe emitido por este Servicio en fecha 9 de abril del corriente, la antigua Estación de FEVE de Nazaret […] tiene nuevo dueño, no se trata de un propietario «fantasma». Este hecho es conocido igualmente por el Ministerio de Hacienda. Por ello no procede inmatriculación alguna al respecto».
El cotejo literal de los textos demuestra que el Ayuntamiento ha faltado a la verdad de forma palmaria al Defensor del Pueblo. Patrimonio Histórico afirma en junio que en abril ellos ya informaron de que el dueño era conocido y de que Hacienda estaba al tanto. Sin embargo, la lectura del informe original de abril demuestra que Patrimonio Histórico jamás mencionó a Hacienda ni afirmó conocer al comprador; solo dijo que Seluin, SL ya no aparecía en el catastro y que debían empezar a investigar.
Lo que ha hecho el redactor municipal de junio es una burda pirueta burocrática: ha tomado las referencias teóricas sobre el Ministerio de Hacienda que planteó el Servicio de Patrimonio Municipal en abril, las ha descontextualizado y se las ha atribuido a sí mismo para construir un relato ficticio.
El objetivo de esta maniobra es simular ante el Síndic que el Ayuntamiento de Valencia ha tenido en todo momento el control absoluto de la situación y que la identidad de la propiedad jamás fue un misterio para sus técnicos, intentando borrar el rastro de su propia ignorancia procedimentaria.
La intervención policial de mayo destapa la realidad
La verdad detrás de esta repentina clarividencia del Ayuntamiento se encuentra a mediados de mayo de 2026, una fecha que rompe por completo la línea temporal que el consistorio ha querido vender en su último documento. Tal y como revela el propio Servicio de Disciplina Urbanística en el desglose de sus actuaciones, el Ayuntamiento no llegó a identificar formalmente a los nuevos actores implicados en la gestión del inmueble por canales administrativos o catastrales regulares.
Fue la degradación física del entorno y los problemas convivenciales derivados de la ocupación ilegal del edificio lo que forzó una intervención drástica. El 15 de mayo de 2026, más de un mes después de los primeros informes, se organizó una comitiva de urgencia compuesta por personal técnico de la Oficina de Control de la Conservación de la Edificación, operarios de la empresa contratista municipal CADERSA y dotaciones de la Policía Local.
Sólo gracias al despliegue policial y a que los moradores que ocupaban el recinto permitieron voluntariamente el paso a la parcela, se pudo contar con la asistencia presencial de los representantes de la nueva propiedad y tomar nota fehaciente de sus datos de contacto y filiación mercantil.
Por lo tanto, la afirmación de Patrimonio Histórico de que el «nuevo dueño» no era un fantasma y que ya constaba así en sus informes del 9 de abril es una invención posterior, diseñada ex post facto para justificar por qué no se habían tomado medidas contundentes antes de esa fecha.
Aluvión de deficiencias ocultas tras la fachada
Más allá del embrollo y lío de competencias y respuestas, el informe de junio incorpora los alarmantes resultados de esa inspección del 15 de mayo, los cuales confirman que el estado del monumento es crítico y que el Ayuntamiento se ha visto obligado a aceptar la recomendación del Síndic ante la imposibilidad de seguir negando la evidencia.
El dictamen técnico emitido el 28 de mayo detalla una serie de deficiencias estructurales graves y cuantifica las obras precautorias de urgencia en 29.822,47 euros para el supuesto de que tengan que ser asumidas de forma subsidiaria por las arcas municipales si el propietario persiste en su desobediencia.
Las actuaciones prioritarias ordenadas a la propiedad reflejan el grado de abandono del edificio:
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Demolición parcial del vallado exterior para permitir el acceso de maquinaria pesada de estabilización.
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Grapado y anclaje estructural mediante perfiles normalizados de acero laminado, pletinas y tornillería especial en los encuentros de los muros de carga en general.
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Retirada urgente de todos los elementos sueltos en los cerramientos que presenten un riesgo inminente de desprendimiento a la vía pública.
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Eliminación de la densa vegetación cuyas raíces están fracturando los cerramientos originales del edificio ferroviario.
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Desalojo de toneladas de basura y enseres acumulados por toda la superficie de la parcela.
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Ejecución de un apuntalamiento intenso en toda la planta baja.
Sin embargo, el dato más preocupante que aporta el Círculo por la Defensa del Patrimonio es la preocupante confesión de los propios técnicos municipales, quienes han dejado constancia de que no han podido acceder a la primera planta ni al ala derecha de la planta baja debido a la total ausencia de condiciones mínimas de seguridad para el personal. Esto implica que, a día de hoy, el estado de las vigas maestras, el forjado intermedio y la cubierta superior sigue siendo una incógnita absoluta para el Ayuntamiento de Valencia, lo que eleva el riesgo de un colapso interior repentino.
La sombra del tanteo y retracto: ¿Se ha perdido un derecho público?
El Círculo por la Defensa del Patrimonio advierte que este baile de fechas y el ocultamiento de información no es un simple error burocrático sin consecuencias, sino que podría tener implicaciones legales de enorme calado respecto a los derechos de adquisición preferente de la administración pública.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, cualquier transmisión de la propiedad de un Bien de Relevancia Local debe ser notificada previamente a la Generalitat y al Ayuntamiento, otorgando a las administraciones públicas el derecho de tanteo y retracto para adquirir el edificio de forma prioritaria por el mismo precio de la venta, garantizando así su destino público y su protección definitiva.
La asociación patrimonialista subraya una encrucijada jurídica demoledora para el Ayuntamiento: si fuera cierto lo que sostiene Patrimonio Histórico en junio (que el 9 de abril ya conocían la existencia y los datos de la venta), el consistorio podría haber ocultado deliberadamente dicha información al Síndic en su primer informe, obstruyendo la labor inspectora del Alto Comisionado.
Si, por el contrario, se demuestra que el Ayuntamiento falseó su informe de junio para tapar que estuvo ciego hasta la intervención policial de mayo, se habría vulnerado el principio de verdad material que rige toda la actividad administrativa.
Para evitar que el consistorio utilice este caos documental como una cortina de humo para dilatar los plazos, el Círculo por la Defensa del Patrimonio recuerda que ya presentó por RGE, el pasado 27 de mayo, por una solicitud formal de requerimiento de información sobre la enajenación del BRL dirigida tanto al Ayuntamiento de Valencia como a la Conselleria de Cultura. El objetivo es exigir la apertura de un expediente que aclare las fechas exactas en que se formalizó la venta de la estación y comprobar si la administración dejó pasar los plazos legales para ejercer el derecho de retracto público, lo que podría constituir una grave dejación de funciones en la salvaguarda del patrimonio público valenciano.
Exigencia de firmeza al Síndic: no al archivo de la queja
Ante este escenario de descontrol interno y falsedades documentales cruzadas, la representación del Círculo ha solicitado formalmente al Síndic de Greuges que rechace de plano cualquier intento de archivo o cierre del expediente que pueda solicitar el Ayuntamiento de Valencia amparándose en su aparente aceptación de la recomendación.
La entidad ciudadana exige que se mantenga un estado de rigurosa fiscalización sobre el consistorio y que, una vez transcurrido el plazo de quince días otorgado a la misteriosa propiedad para iniciar los trabajos, se le exija a la corporación municipal la presentación del certificado técnico que avale la ejecución real de las obras de consolidación.
De no ser así, reclaman que el Ayuntamiento ordene de inmediato el decreto forzoso de ejecución subsidiaria por los 29.822,47 euros tasados, acometiendo de una vez por todas la estabilización física de un edificio que representa la memoria histórica y ferroviaria del barrio de Nazaret y que lleva demasiados años pagando el precio de la desidia y la confusión de sus gobernantes con las asociaciones que están velando por el patrimonio cultural de los valencianos.
