La investigación judicial sobre la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales vuelve este miércoles a situar el foco sobre las administraciones públicas. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, comparece como testigo ante la jueza de Catarroja para explicar cómo actuó el Ayuntamiento durante las horas más críticas del 29 de octubre de 2024.
La declaración de Catalá llega en uno de los momentos clave de la investigación
La instrucción judicial que intenta reconstruir minuto a minuto lo ocurrido durante la devastadora barrancada del 29 de octubre continúa sumando testimonios de responsables políticos, técnicos y personal de emergencias.
Este miércoles es el turno de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, citada como testigo por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra en los juzgados de Catarroja.
Su declaración busca esclarecer qué información manejaba el consistorio, qué decisiones se adoptaron y cómo se coordinó la respuesta municipal durante una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente de la provincia.
El Ayuntamiento quedó bajo el foco por la situación en las pedanías del sur
La comparecencia tiene especial relevancia por lo ocurrido en las pedanías del sur de la ciudad, especialmente en La Torre, Castellar-l’Oliveral y Forn d’Alcedo, donde fallecieron 17 personas durante las inundaciones.
Meses atrás, la propia alcaldesa reconoció en la comisión de investigación del Congreso que el plan municipal de actuación presentaba deficiencias importantes y que no contemplaba adecuadamente el riesgo de inundación en estas zonas especialmente vulnerables.
Aquellas declaraciones situaron nuevamente el debate sobre la preparación de las administraciones frente a fenómenos meteorológicos extremos y sobre si las alertas y protocolos fueron suficientes para proteger a la población.
Una investigación que sigue ampliando responsabilidades
La causa judicial investiga la gestión de la emergencia que dejó 230 fallecidos y mantiene como principales investigados a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
Durante las últimas semanas ya han pasado por el juzgado alcaldes, técnicos de emergencias, responsables provinciales y expertos meteorológicos, mientras la magistrada intenta determinar si existieron errores, retrasos o decisiones que pudieron influir en las consecuencias finales de la tragedia.
El objetivo: reconstruir las horas decisivas del 29 de octubre
La jueza trata de esclarecer especialmente qué ocurrió durante la tarde del 29 de octubre, cuando numerosos municipios comenzaron a inundarse y las llamadas de auxilio se multiplicaban mientras la alerta masiva a los teléfonos móviles llegaba cuando muchas de las víctimas ya habían quedado atrapadas por el agua.
La declaración de Catalá se suma así a una larga lista de testimonios que buscan responder a la gran pregunta que todavía sigue abierta casi dos años después de la tragedia: si algunas de aquellas 230 muertes podrían haberse evitado.
