VALÉNCIA. — La presión turística en el centro histórico de Valéncia ha llevado a los residentes al límite. Ante lo que consideran una situación de «saturación extrema» y pasividad institucional, la Associació de Veïns i Comerciants Amics del Carme ha dado un paso al frente con la creación del Grupo de Estudio sobre Pisos Turísticos de Ciutat Vella. Esta iniciativa ciudadana nace con el firme propósito de identificar, denunciar y realizar un seguimiento exhaustivo de los apartamentos turísticos ilegales que operan en el corazón de la ciudad.
El grupo de trabajo, que se suma a redes vecinales similares activas en otros barrios valencianos, ya ha comenzado a focalizar sus pesquisas en varios «puntos calientes» del distrito. Entre las zonas prioritarias se encuentran la plaza del Tossal, la calle Quart-Beneficencia, la plaza López Chavarri, el entorno de las calles Llíria, Horts, Na Jordana y Gutenberg, así como la calle San Miguel, vial donde el consistorio ya ha ordenado el cierre de varios alojamientos. El objetivo final es elaborar un mapeo colaborativo y detallado que sirva de base para tramitar denuncias y exigir actuaciones municipales contundentes.
Un distrito convertido en «parque temático»
Desde el colectivo vecinal alertan de que la turistificación está destruyendo el tejido residencial y la vida cotidiana del barrio. Los datos aportados por la asociación reflejan una realidad alarmante: Ciutat Vella concentra un total de 108 hoteles y hostales —lo que supone más de la mitad de toda la planta hotelera de Valéncia— y 1.630 apartamentos turísticos. En conjunto, el distrito ofrece 16.850 plazas de alojamiento turístico para una población residente que apenas alcanza los 30.000 habitantes. «Nos preguntamos si una ciudad en la que uno de cada tres personas es un turista, podría decir que es una ciudad», lamentan las portavoces vecinales.
«No podemos permitir que Ciutat Vella se convierta en un parque temático sin vecinos. Llevamos cuatro años pidiendo al consistorio un listado completo y detallado de todos los alojamientos, con indicación expresa de cuáles tienen licencia o certificado de compatibilidad, y todavía estamos esperándolo», denuncian desde Amics del Carme.
Esta proliferación irregular se produce a pesar de que desde el año 2020 está en vigor el Plan Urbanístico Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella, una normativa que prohíbe expresamente el uso de viviendas turísticas en edificios residenciales. Para la asociación, es evidente que el PEP se ha revelado «insuficiente» para contener la marea turística, una problemática que consideran descontrolada debido a la falta de un control efectivo por parte de la administración local.
Exclusión regulatoria y opacidad municipal
El malestar entre los residentes ha ido en aumento tras conocerse que el nuevo marco regulatorio municipal excluye expresamente a Ciutat Vella de las limitaciones que se aplicarán en el resto de los distritos de la ciudad. A esta exclusión se añade la negativa del Ayuntamiento a publicar un censo completo, transparente y actualizado de la oferta de alojamientos que sí cuentan con la condición de «legales».
Ante este escenario, el colectivo vecinal ha lanzado una batería de exigencias directas al consistorio, entre las que destacan la aplicación efectiva del PEP mediante inspecciones y sanciones reales, la inclusión inmediata de Ciutat Vella en todas las medidas restrictivas contra la turistificación, la publicación del censo de apartamentos legales y la puesta en marcha de un plan de choque que garantice el derecho a la vivienda.
El grupo de trabajo ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía a sumarse a las próximas reuniones —la siguiente de las cuales tendrá lugar el 23 de junio— para aportar nuevas localizaciones y quejas. «No podemos esperar más. Ciutat Vella no es un souvenir, es nuestra casa», concluyen de forma tajante.
