La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) agradeció la iniciativa del Gobierno de modificar la normativa sobre autonomía personal, dependencia y discapacidad para adecuarla a la nueva redacción del artículo 49 de la Constitución Española.
Sin embargo, señaló la necesidad de mayor concreción en la materialización de los derechos reconocidos y en los mecanismos que garantizarán recursos suficientes para su aplicación en todo el país.
Reunión con el ministro Pablo Bustinduy
El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, participó ayer en una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, junto a representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
En este encuentro, se abordó el Anteproyecto de Ley que modificará el Real Decreto Legislativo 1/2013 y la Ley 39/2006 con el fin de ampliar derechos para las personas con discapacidad o dependencia y mejorar el acceso a servicios.
Queiruga valoró positivamente los avances recogidos en el anteproyecto, pero destacó que aún existía falta de definición en cómo se materializarán los derechos ampliados y los recursos necesarios para su aplicación en todos los territorios.
Propuestas de mejora en accesibilidad y empleo
En cuanto a la normativa sobre discapacidad, COCEMFE se mostró de acuerdo con la nueva redacción, pero anunció que presentaría aportaciones para garantizar la inclusión y el ejercicio pleno de derechos, con especial atención en:
- Accesibilidad
- Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal
- Empleo y empresas de iniciativa social para la inclusión laboral
El presidente de la confederación aseguró que, cuando se abriera el trámite de audiencia pública, COCEMFE presentaría propuestas de mejora que esperan sean incorporadas.
El compromiso de COCEMFE
Desde su fundación en 1980, COCEMFE ha trabajado para construir una sociedad inclusiva y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica. Actualmente, coordina y representa a más de 92 entidades estatales, autonómicas y provinciales, que agrupan a más de dos millones y medio de personas con discapacidad en España.
