La Generalitat "llegará hasta el final" investigando los contratos de material anti-COVID del Govern del Botànic

La Generalitat «llegará hasta el final» investigando los contratos de material anti-COVID del Govern del Botànic

El Gobierno valenciano refuerza los sistemas de control para garantizar la máxima eficiencia de la inversión pública

La consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha afirmado que el Consell llegará “hasta el final” para investigar posibles irregularidades en la adquisición por la Generalitat de material sanitario de protección contra la COVID-19 durante la etapa del Gobierno del Botànic.

Así lo ha indicado en declaraciones realizadas en la comparecencia posterior al Pleno del Ejecutivo valenciano, donde ha subrayado que el Consell va a seguir investigando las contrataciones realizadas por el Gobierno del Botànic durante ese periodo.

La portavoz ha asegurado que se  investigarán “los contratos vinculados con una empresa durmiente que pudiera estar relacionada con algún presunto caso de corrupción”.

Por otro lado, la consellera ha informado de la aprobación, en la reunión de este martes, del decreto que regula el desarrollo del ejercicio de la intervención en la comprobación material de la inversión de fondos públicos, una norma que tiene por objeto mejorar las garantías y los sistemas de control para optimizar la eficiencia en la gestión.

La comprobación pretende verificar la realización efectiva de las obras, los servicios y las adquisiciones financiadas con fondos públicos y su adecuación a los contratos o encargos correspondientes.

Como ha explicado la consellera, a través de este nuevo marco normativo, se actualiza la anterior regulación existente sobre la intervención de los fondos públicos del Consell, que data de 2012, con el fin de agilizar el procedimiento y corregir las deficiencias de control detectadas desde su entrada en vigor.

Con la actualización de esta norma, la intervención de la comprobación material de la inversión de fondos públicos se ajusta a las circunstancias actuales de la tramitación del procedimiento de gasto, en sintonía con la regulación de la materia por la Administración General del Estado y la mayoría de las comunidades autónomas.

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