La gestión de la crisis migratoria de Ceuta comienza a tener consecuencias en los tribunales. La asociación Manos Limpias ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, al considerar que no actuaron pese a disponer, según sostiene, de información previa sobre la llegada masiva de inmigrantes.
La iniciativa judicial se produce mientras continúa el debate político sobre la actuación del Ejecutivo durante la crisis vivida en la ciudad autónoma y sobre si existían indicios suficientes para anticipar lo sucedido.
La denuncia habla de imprudencia grave
Según ha trascendido, la denuncia presentada ante el Tribunal Supremo atribuye a los responsables del Gobierno un presunto delito de imprudencia grave por no haber evitado la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
Los denunciantes sostienen que el Ejecutivo conocía con antelación el riesgo de que se produjera la llegada masiva y que, pese a ello, no adoptó las medidas necesarias para impedirla.
Por el momento, la denuncia representa la posición de la asociación denunciante y corresponde al Tribunal Supremo decidir si aprecia indicios suficientes para admitirla a trámite o archivarla.
Otra querella ante la Audiencia Nacional
A esta actuación judicial se suma otra iniciativa impulsada por Hazte Oír, que ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional.
En este caso, la acción judicial se dirige contra el Gobierno de Marruecos y contra el delegado del Gobierno en Ceuta, en relación con la gestión de la crisis migratoria.
Será también la Audiencia Nacional la que determine si la querella reúne los requisitos legales para iniciar una investigación.
Continúa la polémica política
La presentación de estas acciones judiciales coincide con el intenso debate político generado tras la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta.
Mientras la oposición reclama explicaciones y exige responsabilidades por la gestión de la crisis, el Gobierno mantiene que está actuando con todos los recursos del Estado y en coordinación con las instituciones europeas para reforzar la seguridad en la frontera.
Las decisiones que adopten ahora los órganos judiciales marcarán el recorrido de estas denuncias y determinarán si los hechos denunciados dan lugar o no a la apertura de procedimientos penales.
