La Policía Nacional ha desmantelado una presunta red dedicada a la falsificación de documentación relacionada con permisos de residencia y trabajo que operaba principalmente en la comarca de la Vega Baja y en varias localidades de la Región de Murcia. La operación se ha saldado hasta el momento con 60 personas detenidas, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos.

Los investigadores sostienen que la organización manipulaba documentos vinculados a solicitudes de protección internacional para permitir la contratación de personas extranjeras que no disponían de autorización legal para trabajar en España.

Cómo funcionaba el fraude

La investigación se inició a finales de 2025, cuando agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Orihuela detectaron la utilización de supuestos documentos falsificados presentados para tramitar altas en la Seguridad Social.

Los documentos afectados eran resguardos relacionados con solicitudes de protección internacional o asilo, cuya presentación puede otorgar determinados derechos administrativos durante la tramitación del expediente.

Según las pesquisas, los investigados modificaban documentos auténticos para alterar fechas o datos personales y así aparentar que sus titulares disponían de autorización para trabajar legalmente.

Cambios en fechas y sustitución de fotografías

Los agentes han detectado principalmente dos métodos de falsificación:

• La modificación de la fecha de solicitud para aparentar que ya se cumplían los plazos necesarios para acceder a la autorización laboral.
• La sustitución de la fotografía original por la de otra persona para utilizar la documentación de terceros con permiso de trabajo en vigor.

Este segundo sistema permitía, presuntamente, que personas que carecían de autorización utilizaran la identidad documental de compatriotas que ya habían abandonado España o habían regresado a sus países de origen.

Empresas del sector agroalimentario bajo investigación

La investigación se centró inicialmente en varias empresas del sector agroalimentario ubicadas en la Vega Baja y en municipios de la provincia de Murcia.

Durante la primera fase del operativo fueron detenidos varios trabajadores y también responsables empresariales ante la sospecha de que conocían la situación irregular de parte de los empleados contratados.

Posteriormente, los investigadores detectaron nuevos casos en otras empresas del mismo sector.

Un locutorio como supuesto centro de falsificación

Uno de los hallazgos más relevantes de la operación fue la localización del lugar donde supuestamente se manipulaban gran parte de los documentos.

Según la Policía Nacional, la actividad se desarrollaba presuntamente desde un locutorio situado en Orihuela y frecuentado habitualmente por ciudadanos de origen sudamericano.

Tras las inspecciones realizadas fueron detenidos responsables del establecimiento y se intervinieron diversos documentos relacionados con la investigación.

El uso fraudulento de documentos de asilo

La operación vuelve a poner el foco sobre el uso fraudulento de documentación vinculada a procedimientos de protección internacional.

Los resguardos de solicitud de asilo permiten acreditar la situación administrativa del solicitante durante la tramitación del expediente y, en determinadas circunstancias, pueden habilitar posteriormente para trabajar legalmente en España.

Precisamente esta circunstancia habría sido aprovechada por la organización para manipular documentos auténticos y facilitar contrataciones irregulares.

Delitos investigados

Entre los delitos investigados figuran:

• Falsedad documental.
• Usurpación del estado civil o identidad.
• Delitos contra los derechos de los trabajadores.
• Favorecimiento de la inmigración irregular, en su caso.

Las responsabilidades penales pueden afectar tanto a quienes elaboraban la documentación falsa como a quienes la utilizaban y, si se demuestra conocimiento de los hechos, también a responsables empresariales implicados en las contrataciones.

Una investigación que sigue abierta

La Policía Nacional mantiene abierta la operación para determinar el alcance real de la trama y el número total de documentos manipulados.

Los investigadores tratan ahora de averiguar si existieron más empresas afectadas, así como el volumen de trabajadores que pudieron acceder a contratos utilizando documentación presuntamente falsificada.

El caso pone de manifiesto la creciente sofisticación de algunas redes dedicadas a la falsificación documental y la importancia de los controles administrativos y policiales para detectar este tipo de fraudes laborales y de identidad.