VALENCIA. — Las buenas noticias apenas duraron veinticuatro horas para la Comunidad de Regantes La Serreta y La Escala. Tras casi 20 meses de espera para ver reparadas las infraestructuras que la DANA del 29 de octubre de 2024 destrozó a su paso, la entidad de riego sufrió el robo y desvalijamiento completo de su nueva instalación eléctrica la misma noche posterior a la finalización de las obras. Los daños y materiales sustraídos —principalmente cable de cobre— superan ya los 25.000 euros.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha denunciado enérgicamente el asalto, alertando de la «impunidad y premura» con la que actuaron los asaltantes en unos municipios —Real, Montroy, Monserrat y Llombay— que sufren una oleada intensificada de robos en pozos, chalets y explotaciones agrícolas.
Una acción profesional y planificada
Según explican los propios afectados, los indicios apuntan a una banda organizada y con un alto grado de especialización técnica. Los ladrones operaron durante cinco o seis horas para desmontar por completo los equipos, incluyendo el centro de transformación de la instalación, del que extrajeron unos 200 metros de cable de cobre.
«Debían estar atentos a la evolución de las obras, porque decidieron actuar antes siquiera de que retomáramos los riegos«, lamentan desde la comunidad de regantes, que da servicio a cerca de 500 hectáreas de cultivo. Tras meses subsistiendo con riegos precarios y sobrecostes derivados de la catástrofe climática de 2024, el colectivo se encuentra desamparado en mitad de la actual campaña de riego.
AVA-ASAJA exige el fin de la impunidad en el entorno rural
El presidente de AVA-ASAJA ha calificado la situación de «calamitosa», recordando que el impacto económico es inasumible para los productores que ya lo perdieron todo en la riada. Ante la gravedad de los hechos, la organización ha reclamado formalmente a las administraciones públicas un incremento urgente de la vigilancia física en los campos, así como inspecciones rigurosas en las chatarrerías y centros de recepción de mercancías, que funcionan como principales vías de salida en el mercado negro del cobre.
Pérdidas millonarias: Según las estimaciones de la organización agraria, las sustracciones y destrozos en el sector rural de la Comunitat Valenciana alcanzan ya un impacto de 30 millones de euros anuales.
Asimismo, el sindicato agrario ha vuelto a poner el foco en el marco judicial, exigiendo la aplicación efectiva de la ley de multirreincidencia para endurecer las penas por hurtos en el sector primario, además de demandar una mayor coordinación operativa entre las fuerzas de seguridad y la administración de justicia.
