La edil Elisa Valía denuncia que el abogado de la promotora es asesor de los populares en el Senado y acusa al gobierno de Catalá de ceder a presiones tras información privilegiada.
VALÉNCIA. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valéncia ha dado un paso al frente en la controversia por la proliferación de pisos turísticos en la capital del Túria. La concejala socialista Elisa Valía ha anunciado que presentará una denuncia formal ante la Agencia Valenciana Antifraude para que se investiguen las conexiones entre la empresa promotora de un proyecto de apartamentos turísticos en la calle Carlos Cortina, en el barrio de Benicalap, el Partido Popular y el propio equipo de gobierno de la alcaldesa María José Catalá.
El eje central de la denuncia radica en una presunta duplicidad de roles y un posible conflicto de intereses: el abogado y representante legal de la empresa promotora ejerce de forma simultánea como asesor del Partido Popular en el Senado. Según la edil socialista, este hecho situaría a una misma persona «a ambos lados de la mesa» en la negociación de licencias públicas.
Un itinerario administrativo bajo sospecha
La polémica no solo salpica el plano político, sino que afecta de lleno al procedimiento administrativo seguido por el Ayuntamiento de Valéncia. Valía ha destacado una serie de hitos cronológicos que, a juicio del PSPV, evidencian un trato de favor e información privilegiada:
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Solicitud en el último minuto: La empresa presentó la petición de licencia un día antes de la aprobación oficial de la moratoria de apartamentos turísticos. Los socialistas sostienen que la compañía manejaba datos internos facilitados por el entorno del gobierno municipal.
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Giro de 180 grados en la vía judicial: El Ayuntamiento denegó en un primer momento la licencia solicitada. Tras la negativa, la empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo. Meses más tarde, el consistorio modificó su criterio, cedió en sus pretensiones y otorgó el permiso, lo que llevó a la promotora a retirar la demanda judicial.
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Irregularidades en el inmueble: A la controversia administrativa se suman las quejas del vecindario. La comunidad de propietarios rechaza las obras que contemplan la apertura de huecos y ventanas hacia fachadas y zonas comunes sin el consentimiento del patio interior.
Claves del expediente
Exigencia de transparencia y dimisiones
Desde la formación socialista vinculan este modus operandi con intervenciones previas de personas afines al entorno popular en la gestión urbanística, citando explícitamente precedentes como el del señor Olano.
«Es urgente que salgan de los gobiernos las personas que no hayan venido a servir al interés general y que solo protegen descaradamente los intereses de quien especula con nuestros barrios», ha aseverado Elisa Valía.
El PSPV exige al equipo de María José Catalá explicaciones inmediatas sobre la tramitación de este expediente en Benicalap, defendiendo que la convivencia en los barrios no puede verse condicionada por presiones del sector especulativo ni por puertas giratorias en la administración local.
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