El Tribunal Supremo ha decidido no trasladar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno español y ha vuelto a rechazar la suspensión cautelar del proceso solicitada por varias comunidades autónomas gobernadas por el PP.
La decisión supone un importante respaldo judicial a una medida que ya ha recibido cerca de 1,2 millones de solicitudes desde su entrada en vigor el pasado mes de abril.
El Supremo descarta acudir a la justicia europea
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo había planteado hace unos días la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclarar si el proceso extraordinario de regularización podía entrar en conflicto con la normativa comunitaria sobre inmigración y espacio Schengen.
Sin embargo, tras estudiar las alegaciones presentadas por las partes, los magistrados han concluido que no resulta necesario acudir en este momento al tribunal europeo.
El alto tribunal considera que la cuestión no es pertinente en la fase procesal actual y ha optado por continuar con la tramitación ordinaria del recurso.
Segunda negativa a paralizar la medida
Además, el Supremo ha rechazado nuevamente suspender cautelarmente la regularización, tal y como solicitaban la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Aragón.
No es la primera vez que los jueces toman esta decisión. Ya el pasado mes de mayo el tribunal desestimó una petición similar presentada por la Comunidad de Madrid y por Vox.
En aquella ocasión, los magistrados argumentaron la existencia de un «interés público notorio» vinculado al proceso y destacaron su importante dimensión humana y social.
La Generalitat defendía acudir al TJUE
La Generalitat Valenciana sostenía que una regularización masiva podría tener efectos no solo sobre España, sino también sobre el conjunto del espacio Schengen, especialmente en aspectos relacionados con la libre circulación, la seguridad y las políticas de retorno.
Aragón compartía esta postura y defendía la existencia de posibles conflictos entre la normativa española y el derecho comunitario.
Por el contrario, la Abogacía del Estado se opuso desde el principio a trasladar el asunto a la justicia europea al considerar que las dudas planteadas tenían un carácter hipotético y no afectaban directamente a la legalidad actual del proceso.
Más de un millón de solicitudes
El procedimiento extraordinario comenzó el pasado 16 de abril de 2026 con el objetivo de regularizar la situación administrativa de personas extranjeras que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026.
Para acogerse a la medida era necesario acreditar:
- Residencia en España antes del 1 de enero de 2026.
- Permanencia continuada durante al menos cinco meses.
- Carecer de antecedentes penales.
- En algunos casos, haber solicitado protección internacional antes de esa fecha.
Desde su puesta en marcha se han registrado cerca de 1,2 millones de solicitudes en todo el país.
La Comunitat Valenciana registra 167.000 peticiones
La Comunitat Valenciana es una de las autonomías con mayor volumen de expedientes presentados.
Según los datos oficiales, ya se han registrado aproximadamente 167.000 solicitudes, procedentes principalmente de ciudadanos de países latinoamericanos.
La cifra sitúa a la comunidad entre las regiones con mayor impacto de esta regularización extraordinaria.
Un debate político que sigue abierto
La medida continúa generando un intenso debate político entre quienes consideran que permitirá aflorar empleo y mejorar la integración social y quienes alertan de sus posibles efectos sobre los servicios públicos y la política migratoria europea.
Por el momento, la decisión del Supremo permite que el proceso continúe desarrollándose con normalidad mientras los recursos judiciales siguen su curso.
Ahora el proceso de regularización extraordinaria sigue adelante con normalidad y, salvo un giro judicial posterior, continuará tramitándose.
Los siguientes pasos son:
- ✅ El Gobierno mantiene abierto el procedimiento iniciado el 16 de abril de 2026.
- ✅ Las solicitudes ya presentadas seguirán siendo estudiadas por la Administración.
- ✅ El Tribunal Supremo continuará analizando el recurso principal presentado por varias comunidades autónomas, pero sin paralizar la medida mientras tanto.
- ❌ No habrá consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al menos por el momento.
- ❌ Tampoco se suspende cautelarmente el proceso, como pedían la Comunitat Valenciana y Aragón.
En la práctica esto significa que las cerca de 1,2 millones de solicitudes presentadas en España, incluidas las aproximadamente 167.000 registradas en la Comunitat Valenciana, continuarán su tramitación administrativa.
El Supremo todavía tendrá que resolver el fondo del asunto en los próximos meses, es decir, decidir si el real decreto es plenamente ajustado a derecho o no, pero esa decisión llegará más adelante y no afecta de momento a la regularización en marcha.
Si finalmente el tribunal avala definitivamente la medida, los solicitantes que cumplan los requisitos obtendrán autorización de residencia y trabajo. Si en el futuro el Supremo estimara el recurso, podría obligar a modificar o anular parte del procedimiento, aunque eso abriría un escenario jurídico mucho más complejo debido al elevado número de expedientes ya resueltos.
