El tejido empresarial de la Comunitat Valenciana ha lanzado un mensaje claro: reducir la burocracia es urgente, pero solo será eficaz si se hace desde el consenso político. Así lo han defendido representantes de la Confederación Empresarial Valenciana y del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana durante el debate del decreto contra la hiperregulación en Les Corts Valencianes.
El objetivo es evitar que proyectos empresariales se retrasen durante años… o directamente se trasladen a otras comunidades autónomas.
Un decreto para simplificar 96 normas
La iniciativa impulsada por el Consell busca reducir trabas administrativas mediante:
- La modificación o eliminación de 96 normas
- La obligación de suprimir duplicidades al crear nuevas regulaciones
- La agilización de procesos clave como licencias de obra o dependencia
Se trata de la segunda fase del plan de simplificación administrativa, una reforma que pretende hacer más ágil la relación entre empresas y administración.
“No es solo para empresarios”: impacto en toda la sociedad
Desde la patronal insisten en que esta medida no beneficia únicamente a las empresas.
El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha defendido que simplificar trámites significa:
- Más eficiencia administrativa
- Mayor transparencia
- Respuestas más rápidas
Y ha advertido de que una administración ágil no pierde control, sino que gana capacidad de gestión.
Las pymes, las más afectadas por la burocracia
Uno de los puntos clave del debate es el impacto en pequeñas empresas y autónomos, que representan la base del tejido económico valenciano.
Según los empresarios:
- Los retrasos pueden provocar pérdida de clientes
- Dificultan el acceso a financiación
- Frenan la creación de nuevos proyectos
Sectores como el industrial, energético o urbanístico son los más afectados por los tiempos administrativos.
Proyectos que se van… y competitividad que se pierde
El diagnóstico es contundente: la hiperregulación está provocando que inversiones potenciales se desplacen fuera de la Comunitat.
Entre los principales problemas detectados:
- Duplicidad de informes
- Falta de coordinación entre administraciones
- Plazos imprevisibles
- Silencio administrativo sin garantías reales
El resultado, según los empresarios, es una pérdida de competitividad frente a otras regiones con marcos más ágiles.
La reconstrucción tras la dana, ejemplo de lentitud
Desde el ámbito empresarial también se ha señalado la gestión tras la dana como un caso claro de falta de agilidad administrativa.
Se denuncia que, pese a la llegada de fondos, la falta de medios técnicos y la complejidad burocrática están ralentizando la ejecución de proyectos clave.
Un llamamiento al consenso político
El presidente del Consejo de Cámaras, José Vicente Morata, ha insistido en que este decreto debe convertirse en una herramienta estable, más allá de cambios de gobierno.
El mensaje es claro:
- Cada trámite eliminado acelera la economía
- Cada proceso simplificado genera empleo antes
- Cada barrera reducida mejora la competitividad
Debate político abierto
Los distintos grupos parlamentarios coinciden en la necesidad de mejorar la administración, aunque con matices:
- El PP defiende el carácter ambicioso del decreto
- El PSPV apoya la simplificación, pero alerta sobre su impacto urbanístico
- Compromís cuestiona la capacidad real de digitalización
- Vox pide ir más allá en la reducción de trabas
Una reforma clave para el futuro económico
El debate sobre la simplificación administrativa va más allá de la burocracia: afecta directamente a la capacidad de atraer inversiones, generar empleo y competir en un entorno económico cada vez más exigente.
La gran incógnita ahora es si el consenso político será suficiente para convertir esta reforma en una solución real… o si quedará en papel mojado.
