Un estudio de Autismo España revela que más del 92% del alumnado autista ha experimentado maltrato entre iguales y un 60% lo padece de forma recurrente. Instituciones clave se reúnen en Madrid para impulsar una respuesta coordinada.
MADRID, 4 de noviembre de 2026 — La vulnerabilidad del alumnado con autismo en el sistema educativo español ha quedado trágicamente constatada. Según el último informe presentado por la Confederación Autismo España, más del 92% de los estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA) participantes en su investigación ha sufrido alguna forma de acoso escolar a lo largo de su trayectoria formativa. Además, en el 60% de los casos estas situaciones violentes o hostiles se producen de manera recurrente (muchas veces o casi siempre), situándose la exclusión social como la manifestación más frecuente.
La cifra adquiere un impacto aún mayor al contrastarse con el crecimiento continuo de esta comunidad en las aulas. Datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el curso 2024-2025 señalan que hay más de 108.000 alumnos autistas identificados en enseñanzas no universitarias. Esta cifra representa el 1,30% del total del alumnado en España y casi el 34% del conjunto de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.
Alianza multidisciplinar para un protocolo común
Frente a esta alarma social, la sede de Autismo España acogió este miércoles una jornada institucional de máxima relevancia con el objetivo de estructurar una respuesta integral frente al acoso y el ciberacoso. En el encuentro participaron representantes clave del ámbito judicial, policial y educativo, incluyendo los Ministerios de Educación y de Juventud e Infancia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía de Menores, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Durante el evento se expusieron los avances del grupo de expertos que, tras más de dos años de trabajo conjunto, ultima la «Guía de actuación ante situaciones de acoso escolar y ciberacoso de alumnado autista». Este documento fijará pautas unificadas para la prevención, detección temprana e intervención coordinada, velando especialmente por la accesibilidad y la no revictimización de los menores.
«La protección de los menores con autismo constituye una responsabilidad colectiva de agentes e instituciones que, junto al binomio familia-escuela, deben garantizar la participación efectiva de todo el alumnado.» — Isabel Revuelta, presidenta del Foro Justicia y Discapacidad y vocal del CGPJ.
En el plano de los apoyos, la vicepresidenta de Autismo España, María Soledad Guerrero, remarcó que para garantizar una educación de calidad resultan indispensables «recursos y apoyos flexibles y suficientes, profesionales formados y entornos seguros, en los que el alumnado autista pueda aprender, participar, relacionarse y progresar en igualdad de oportunidades».
Mapeo del acoso y compromisos normativos
La investigación impulsada por Autismo España contó con la participación de 259 estudiantes de entre 8 y 20 años (tanto de centros ordinarios como de educación especial) y sus familias. Los resultados constatan que ninguna modalidad ni etapa educativa está exenta de este fenómeno, descartando asimismo diferencias significativas en función del sexo del alumnado.
En el acto de clausura, las instituciones manifestaron el compromiso firme de acelerar los cambios normativos y de recursos:
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Protección digital y recursos: Rubén Pérez Correa, secretario de Estado de Juventud e Infancia, hizo un llamamiento al Ejecutivo para avanzar hacia «una legislación mucho más avanzada en materia de derechos digitales y menores» que asegure entornos en línea seguros. Asimismo, instó a reforzar la figura del coordinador de bienestar (prevista en la LOPIVI) y a garantizar «más personal y recursos en los centros educativos» junto a las comunidades autónomas.
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Enfoque de vulnerabilidad: María Teresa Vicente, fiscal de sala de la Fiscalía de Sala de Menores, concluyó destacando que todas las entidades persiguen «una misma finalidad: la protección de nuestra infancia, en concreto, de aquellos menores que tienen una vulnerabilidad añadida, como es el autismo».
