• La entidad valenciana advierte de que el sistema actual no siempre alcanza a los hogares en situación de vulnerabilidad real.
• Su presidenta, Alicia Grau, insta al Gobierno a revisar los criterios de renta per cápita y actuar para evitar «incentivos perversos» o fraude en la concesión de prestaciones.
VALÉNCIA. — 11 de noviembre de 2026
La asociación valenciana Family Up ha valorado de forma positiva la aprobación del nuevo real decreto-ley del Gobierno de España destinado a reforzar la protección a las familias monoparentales, los hogares numerosos con escasos recursos y las unidades familiares con un progenitor con discapacidad. Sin embargo, la entidad ha supeditado la eficacia de este incremento presupuestario a una reforma profunda en la gestión de las ayudas, reclamando criterios de reparto más equitativos y un incremento estricto del control para evitar irregularidades.
Alicia Grau Gumbau, presidenta de la organización apolítica y aconfesional dedicada al apoyo y defensa del núcleo familiar, ha respaldado el impulso a la protección de los menores vulnerables, pero ha planteado un debate abierto sobre la eficacia distributiva del gasto público: «Me parece muy bien que se amplíen las ayudas a las familias, especialmente a aquellas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Es algo absolutamente necesario. Pero creo que debemos atrevernos a abordar una cuestión incómoda: ¿estamos distribuyendo bien los recursos públicos?», ha cuestionado.
La vulnerabilidad no depende únicamente del modelo familiar
Desde la organización advierten de que una parte significativa de los hogares monoparentales y biparentales que sufren severas dificultades económicas y problemas de conciliación quedan al margen del apoyo institucional. En este sentido, la entidad critica que la estructura del hogar opere como un factor excluyente o determinante por sí solo al fijar los requisitos de acceso.
«Estamos viendo familias que realmente necesitan ayuda y a las que no les está llegando. La vulnerabilidad no tiene un único modelo de familia», sostiene Grau, quien reclama evaluar de manera directa la renta per cápita, el número de hijos, los costes esenciales del día a día y las cargas familiares de cada expediente.
Alerta ante «incentivos perversos» y mal uso del gasto público
Junto con la revisión de los umbrales de acceso, Family Up incide en la urgencia de implantar filtros de supervisión que detecten situaciones artificiales o posibles fraudes sin obstaculizar la tramitación a los beneficiarios legítimos.
Grau ha advertido sobre el riesgo de que la falta de supervisión genere un impacto negativo en la equidad del sistema: «Las ayudas no pueden convertirse en un mecanismo que, por falta de controles, favorezca determinadas conductas para acceder a más prestaciones. El dinero público debe gestionarse con responsabilidad; cuando una ayuda se concede indebidamente, puede estar dejando fuera a otra familia que sí la necesita».
La asociación concluye solicitando que las políticas familiares incrementen no solo su volumen económico, sino su grado de precisión en el diagnóstico de las necesidades reales, garantizando que el diseño institucional promueva condiciones de vida dignas para todos los modelos familiares sin dejar desatendidos a los hogares en situación de vulnerabilidad.
