El Partido Popular ha conseguido en el Congreso de los Diputados la aprobación de un fondo de emergencia específico para el sector comercial y artesano, destinado a cubrir las pérdidas de pequeños comercios, mercados municipales y centros comerciales afectados por la riada del 29 de octubre.
Una ayuda que ha salido adelante con los votos de los populares y Vox, y las abstenciones de PNV, BNG y Junts, mientras que PSOE como Compromís han votado en contra.
El PSOE y Compromís han votado en contra de este fondo para pequeños comercios, mercados municipales y centros comerciales afectados por la riada del 29 de octubre
El Grupo Popular ha señalado que las empresas afectadas en la provincia de Valencia podrían llegar a las 66.088. Así pues, según la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), al menos un 20% de los autónomos afectados evalúan cesar su actividad, lo que evidencia el daño estructural en el tejido productivo.
El comercio minorista ha sufrido pérdidas que requieren de ayudas por más de 1.700 millones de euros. De los 8.106 comercios minoristas de Valencia, el 64,5% podrían haber sufrido algún tipo de daño directo. Sin embargo, la mayoría de ayudas promocionadas por el Gobierno no son ayudas directas, sino avales y préstamos que solo cubren una parte de las necesidades de los hogares y negocios afectados que se tendrán que devolver.
Ante ello, los populares han instado al Gobierno a incrementar las ayudas para autónomos y empresas afectadas, con subvenciones directas sin burocracia. Además de facilitar la tramitación de las mismas utilizando los datos disponibles en la Agencia Tributaria y otras administraciones para que los afectados, sin solicitud, puedan percibir las ayudas directamente.
Asimismo, han buscado el compromiso del Ejecutivo de realizar campañas de promoción y dinamización del comercio local y de proximidad para fomentar el consumo, así como fomentar la innovación, digitalización y sostenibilidad del sector comercial y reducir el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), correspondiente a los ejercicios de 2024 y 2025, así como el aplazamiento sin intereses de cualquier impuesto en 2024 y 2025.
También han exigido garantizar la rápida tramitación de indemnizaciones mediante el Consorcio de Compensación de Seguros, desarrollar un plan de contingencia para mejorar la logística comercial y finalmente aprobar un plan de reconstrucción de infraestructuras críticas.