MADRID, 18 de junio de 2026 — La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha dado un paso firme en la reforma del marco de atención social del país. La entidad ha presentado de forma oficial su paquete de aportaciones al Proyecto de Ley por el que se regulan las profesiones de los servicios sociales, con una demanda clara: la futura norma estatal debe asegurar una intervención profesional firmemente sustentada en los derechos humanos, la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente de las personas con discapacidad.
Desde la organización se contempla este proyecto legislativo como una oportunidad histórica para modernizar y robustecer la estructura de los servicios sociales en España. Según explican, la fijación de unos criterios comunes a nivel estatal resulta urgente para atajar la actual brecha territorial. A día de hoy, la ausencia de un marco regulatorio básico compartido sobre perfiles, funciones y competencias provoca severas desigualdades y asimetrías en el acceso a los apoyos y en la calidad de la atención en función de la comunidad autónoma donde resida el usuario.
«El sistema de servicios sociales debe poner a las personas en el centro y garantizar apoyos que permitan desarrollar proyectos de vida independiente y participar plenamente en la comunidad. La futura ley debe consolidar un modelo basado en derechos y no en la mera atención asistencial», ha manifestado con firmeza el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
Hacia un nuevo catálogo de perfiles especializados
Para lograrlo, la propuesta de la Confederación exige un alineamiento absoluto y sin fisuras con los preceptos emanados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. COCEMFE argumenta que el sistema debe transicionar de manera definitiva y superar el tradicional modelo de corte asistencialista, reorientando los esfuerzos de los profesionales a asegurar la inclusión efectiva, la plena participación comunitaria, la igualdad de trato y la erradicación de cualquier tipo de discriminación.
Entre las medidas concretas trasladadas al Ministerio, destaca la petición de crear un catálogo básico, flexible y continuamente actualizado de profesiones. Este censo no solo debe amparar los roles tradicionales, sino dar estatus legal a nuevos perfiles especializados surgidos de las demandas sociales modernas: expertos en accesibilidad universal, técnicos de asistencia personal, coordinadores de apoyo a la vida independiente, especialistas en comunicación accesible y asesores en orientación jurídica especializada y defensa de derechos.
El rol crucial del Tercer Sector
Asimismo, la Confederación juzga imprescindible que el texto legal reconozca de manera explícita el papel estratégico del Tercer Sector de acción social y del Movimiento Asociativo de la discapacidad como agentes esenciales y vertebradores del sistema público.
«Las entidades sociales llevamos décadas desarrollando apoyos especializados y generando conocimiento sobre las necesidades reales de las personas. Ese papel debe verse reflejado en la futura ley para fortalecer el sistema y garantizar respuestas más eficaces y ajustadas a la realidad social», recordó Queiruga, insistiendo en la capacidad de innovación y la proximidad que las organizaciones sociales aportan para complementar las políticas de la Administración.
Por último, de cara a blindar la excelencia y sostenibilidad del sector a largo plazo, la propuesta de COCEMFE aboga por instaurar la formación continua y obligatoria del personal técnico en materias sensibles —como la perspectiva de género, metodologías basadas en la evidencia y prevención de vulneraciones de derechos—. Del mismo modo, insta a la creación de mecanismos estables de coordinación entre las administraciones públicas, los colegios profesionales y el Tercer Sector para asegurar la cohesión territorial, protegiendo especialmente a las personas con mayores necesidades de apoyo y con condiciones de salud de larga duración.
