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El evento reúne a más de 250 profesionales del sector náutico-portuario y aborda la transformación del sector.
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El Gobierno canario calcula que la prórroga de concesiones movilizará más de 60 millones de euros en inversión privada.
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La cita culmina con la firma del ‘Pacto de Canarias por las Marinas’, una declaración en favor de la sostenibilidad y la colaboración público-privada.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. – El II Congreso Nacional de Marinas de España ha iniciado este jueves su jornada institucional en el Salón Gran Canaria del Hotel Cristina by Tigotan. La apertura del encuentro ha contado con las intervenciones del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y del presidente de Marinas de España, Tomás Azcárate, quienes han fijado como prioridades para el sector la modernización de las infraestructuras, el blindaje de la seguridad jurídica y el reconocimiento de su peso económico y social.
El evento, que reúne a más de 250 participantes de 64 puertos deportivos junto a representantes de administraciones y empresas del sector, se celebra con el apoyo de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo regional y de Puertos Canarios.
Impulso a la inversión privada en Canarias
Durante la inauguración, Pablo Rodríguez ha señalado que la celebración del congreso en el archipiélago respalda las actuaciones orientadas a la actualización de las instalaciones náuticas de las islas, muchas de las cuales precisan una renovación funcional y tecnológica.
Entre las medidas destacadas por el consejero figura la ampliación de las concesiones administrativas próximas a expirar o ya vencidas. Rodríguez ha avanzado que este esquema de prórrogas permitirá movilizar más de 60 millones de euros de capital privado para la modernización del sector en Canarias.
Como primeros exponentes de este modelo, el consejero ha citado a Pasito Blanco (Gran Canaria) y Puerto Calero (Lanzarote), instalaciones que prevén invertir conjuntamente más de 15 millones de euros en los próximos años. Rodríguez ha recordado que el archipiélago cuenta con unos 1.500 kilómetros de costa y ha recalcado que las marinas actúan como motores económicos que generan actividad complementaria en áreas como la reparación naval, el suministro y los servicios de apoyo.
Asimismo, ha repasado la gestión de Puertos Canarios —organismo que tutela cerca de 50 puertos, refugios y marinas— y ha destacado las actuaciones emprendidas durante la legislatura para mejorar la eficiencia energética, incorporar tecnología y optimizar los sistemas de gestión.
Impacto socioeconómico y cohesión sectorial
Por su parte, Tomás Azcárate ha incidido en la necesidad de vertebrar el sector a nivel estatal y consolidar la percepción de las marinas como infraestructuras estratégicas para el desarrollo costero.
Azcárate ha valorado la colaboración de la administración autonómica y ha subrayado que la alianza público-privada es indispensable para afrontar los retos del sector en materias como sostenibilidad, turismo, navegación e integración urbana.
El presidente de la patronal ha resaltado el rol social de los puertos deportivos como puntos de acceso al mar para la ciudadanía y ha reclamado una mejor caracterización estadística de la actividad industrial y comercial que generan. Según los datos expuestos, el sector sostiene alrededor de 27.000 empleos directos e indirectos en España, aglutinando en un mismo entorno a concesionarios, oferta gastronómica, comercio y empresas de servicios náuticos.
Debate técnico y firma del Pacto de Canarias
La programación del congreso incluye ocho mesas de trabajo centradas en la regulación concesional, la gestión ambiental, las grandes esloras, la digitalización, el mercado náutico europeo y la seguridad en emergencias.
La jornada concluye con una sesión plenaria de las asociaciones territoriales de la Federación y la adopción formal del Pacto de Canarias por las Marinas. Este acuerdo constituye un marco de compromisos centrado en la descarbonización del transporte marítimo deportivo, la apertura de las instalaciones a la ciudadanía, la formación laboral de calidad y el reconocimiento de las singularidades del ámbito insular. El documento queda abierto a la adhesión de entidades públicas y privadas
