El magistrado de la Audiencia Nacional toma la decisión a instancias de Anticorrupción un día después de la declaración del expresidente, al apreciar indicios de un circuito circular de fondos a través de la empresa ‘Whathefav’.
MADRID. — El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, el magistrado José Luis Calama, ha acordado formalmente este jueves la imputación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como de su secretaria personal, María Gertrudis Alcázar Jiménez. La decisión judicial, adoptada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, sitúa a las tres en calidad de investigadas en el marco del conocido como ‘caso Plus Ultra’, donde se rastrea una presunta red de tráfico de influencias relacionada con el rescate público de la aerolínea homónima.
El auto del magistrado llega apenas veinticuatro horas después de que el propio José Luis Rodríguez Zapatero compareciera en sede judicial para defender la «decencia y honradez» de su gestión, negando haber liderado o participado en estructura delictiva alguna. No obstante, el juez Calama considera que la citación de su entorno más cercano resulta un paso obligado desde el punto de vista constitucional, argumentando que mantenerlas en la causa como meras testigos vulneraría su derecho de defensa y su garantía a no declarar contra sí mismas, dadas las sospechas que pesan sobre la operativa de sus empresas.
El rol instrumental de ‘Whathefav’
El foco de la investigación sobre las hijas del expresidente se centra en la sociedad mercantil Whathefav SL, una firma de marketing digital de la que Alba y Laura Rodríguez Espinosa constan como administradoras solidarias. Según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aportados a la causa y recogidos en la resolución, la mercantil habría operado presuntamente como un «centro de redistribución de flujos financieros» destinado a canalizar u ocultar las supuestas comisiones.
El análisis de las cuentas bancarias realizado por los peritos judiciales describe un circuito de carácter circular. La documentación revela que Whathefav SL figura como el principal proveedor de la entidad Inteligencia Prospectiva, de la cual habría percibido 561.440 euros. De forma paralela, otra sociedad bajo la lupa, Análisis Relevante, recibió de la misma firma un total de 380.208 euros. El rastro del dinero se estrecha al comprobarse que Análisis Relevante remitió posteriormente 490.780 euros al propio José Luis Rodríguez Zapatero —en concepto de supuestas asesorías verbales— y otros 239.755 euros de vuelta a Whathefav SL.
El instructor resalta en su auto que el propio exjefe del Ejecutivo figura como persona autorizada en las cuentas bancarias personales de sus hijas, las cuales habrían recibido transferencias directas desde la sociedad. Para la Audiencia Nacional, este elemento patrimonial refuerza los indicios de que la empresa familiar actuaba como un canalizador de los fondos bajo sospecha, máxime cuando el nivel de ingresos de las jóvenes no guarda consonancia directa con sus retribuciones ordinarias declaradas.
La secretaria como «nodo central» de la red
Por su parte, la imputación de María Gertrudis Alcázar, secretaria de absoluta confianza de Zapatero, responde a lo que la Fiscalía califica como una «pieza operativa esencial» dentro del entramado bajo sospecha. Los registros previos autorizados en las oficinas del expresidente han aportado, según el auto judicial, documentos y efectos informáticos que sitúan a Alcázar como un «nodo central de comunicación y gestión documental».
Los investigadores sostienen indiciariamente que gran parte de la logística y de los contactos institucionales de la trama se coordinaba directamente desde el despacho del antiguo líder socialista, utilizando presuntamente su influencia política para acelerar o destrabar la concesión del rescate estatal de 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra recibió en el contexto de la pandemia de la covid-19.
Reacciones y escenario procesal
Tras conocerse la resolución de la Audiencia Nacional, el entorno de la defensa ha evitado realizar declaraciones extensas, remitiéndose al comunicado emitido ayer por Zapatero en el que manifestaba su absoluta tranquilidad y plena confianza en que «la verdad se abrirá paso». Por su parte, desde el Palacio de la Moncloa se ha apelado de manera estricta al respeto a la presunción de inocencia y a los tiempos de la justicia, intentando desligar la actividad gubernamental de los Presupuestos de un proceso que afecta a un exmandatario.
El juez Calama dictará en los próximos días una nueva providencia en la que fijará el calendario de declaraciones para Alba Rodríguez, Laura Rodríguez y Gertrudis Alcázar, quienes acudirán a la Audiencia Nacional asistidas por sus respectivos letrados para responder por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental.
