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La diputada del Grupo Popular, Andrea Gigante afirma que «los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley» y rechaza «cualquier tipo de actuación o expresión que deje entrever desconfianza en el ejercicio de las funciones del Poder Judicial«.
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Asegura que «la fortaleza de las instituciones no depende solo de su naturaleza, sino en mayor medida de la responsabilidad y acervo democrático de quien ejerce el poder ejecutivo y de la moralidad de quienes las representan».
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Andrea Gigante critica que «con el Gobierno de Sánchez la independencia judicial se está viendo en peligro por sus injerencias políticas«.
El PP ha presentado una Proposición No de Ley en Les Corts en la que exige al Gobierno de Sánchez que «se garantice la independencia y la honorabilidad de los miembros de la carrera judicial frente a ataques que están sufriendo».
Así, la diputada del Grupo Popular, Andrea Gigante ha recordado que «la independencia judicial se ha visto en peligro y, ante la posible fiscalización de los jueces, todos los estamentos judiciales muestran su absoluto rechazo a la deriva que podría tener esta situación, con la única excepción del fiscal general del Estado».
Andrea Gigante ha criticado que «con el Gobierno de Sánchez la independencia judicial se está viendo en peligro por sus constantes injerencias políticas»
En ese sentido, ha afirmado que «el Poder Judicial en España es independiente, que no actúa sometido a presiones políticas y que dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales. Un sistema capaz de fijar límites a la arbitrariedad del poder».
«La fortaleza de las instituciones no depende solo de su naturaleza, sino en mayor medida de la responsabilidad y acervo democrático de quien ejerce el poder ejecutivo y de la moralidad de quienes las representan».
Gigante ha asegurado que «la actuación del ejecutivo de Sánchez que se resume en querer aunar en un solo ministerio a los tres poderes y la debilidad ética mostrada por el Fiscal General evidencia una más que notoria ofensiva contra la independencia del poder judicial y la persecución de su control frente a la igualdad de todos».
Además, ha explicado que «la propuesta de creación de comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados para controlar las investigaciones que se estén llevando a cabo y sus sentencias, nacida a partir del acuerdo de investidura, supondría una intromisión judicial y quiebra de la separación de poderes, en lo que a ese trámite de «revisión» parlamentaria se refiere».
