La polémica no vino por un matiz ni por una frase sacada de contexto. Vino porque se dijo en voz alta. La eurodiputada de Irene Montero dejó claro en un acto político que la regularización de inmigrantes no es un punto final, sino un peldaño. El siguiente, según su propio discurso, es la nacionalidad y el derecho a voto.
No como un debate jurídico a largo plazo. No como una reflexión académica. Como objetivo político inmediato.
Cuando la estrategia se verbaliza
Durante el mitin, Montero no esquivó la acusación que más se repite desde la derecha: que la regularización tiene un trasfondo electoral. Al contrario, la asumió y la reformuló con un mensaje directo: “Claro que queremos que voten”. Una afirmación que rompe con el habitual lenguaje edulcorado y expone sin filtros una estrategia de poder.
En política, decir en público lo que normalmente se sugiere en privado suele tener consecuencias. Y este caso no es la excepción.
El discurso del reemplazo… sin ironía
La frase más incendiaria —“ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante”— ha marcado un antes y un después. Desde Podemos se ha intentado presentar como una ironía contra la llamada “teoría del reemplazo”, pero el mensaje político es inequívoco: la inmigración como palanca de sustitución electoral.
«Y claro que sí queremos que voten. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante»
No es solo una cuestión de derechos civiles. Es una apelación explícita al cambio del cuerpo electoral como herramienta de transformación política.
Belarra refuerza el marco
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, fue incluso más lejos al calificar el actual sistema como un “sufragio censitario racista” y comparar la ampliación del voto migrante con la conquista del voto femenino. Una analogía que ha sido duramente criticada por equiparar contextos históricos incomparables y simplificar debates constitucionales complejos.
El elefante en la habitación
El debate ya no gira solo en torno a la inmigración. Gira alrededor de una pregunta incómoda:
¿puede un gobierno impulsar cambios demográficos con impacto directo en el sistema electoral sin un consenso social amplio?
Las encuestas muestran que la regularización masiva promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez genera rechazo mayoritario, incluso entre votantes de la izquierda tradicional. En ese contexto, redoblar la apuesta con el derecho a voto no parece una casualidad, sino una huida hacia adelante.
Polarización como combustible
El tono empleado —con referencias constantes a “fachas” y “racistas”— no busca persuadir a los indecisos, sino activar trincheras. Es un discurso diseñado para movilizar a los convencidos, aun a costa de tensar la convivencia y erosionar los consensos democráticos básicos.
Lo relevante no es solo lo que se propone, sino cómo se propone. Y en este caso, el mensaje es claro: el conflicto no es un daño colateral, es parte de la estrategia.
Un debate que ya no se puede esquivar
Hasta ahora, muchos dirigentes evitaban decirlo tan claramente. Irene Montero no. Ha puesto sobre la mesa una cuestión de fondo: quién vota, cuándo y por qué. Y lo ha hecho sin ambigüedades.
El resultado es un debate que ya no se puede maquillar ni aplazar. Porque cuando la ingeniería electoral se verbaliza, deja de ser sospecha y pasa a ser programa político.
