Justicia pone en marcha el «servicio de lectura fácil» de resoluciones judiciales dirigidas a personas con discapacidad, diversidad funcional o dificultades de compresión lectora
La Conselleria de Justicia e Interior ha puesto a disposición de los ciudadanos con discapacidad que acceden a la Justicia un servicio de traducción en formato ‘lectura fácil’ de resoluciones judiciales dirigidas a personas con diversidad funcional y dificultades de comprensión o cognitivas tramitadas en órganos judiciales de la Comunidad Valenciana.
Pionero en España
En el mes de enero de 2024, la Conselleria de Justicia e Interior adjudicó un contrato, pionero en España, que permite adaptar la sentencia a un lenguaje comprensible para las personas que así lo requieran, esta adaptación del lenguaje judicial constituye un desafío y una obligación ineludible del sistema de justicia.
La adecuación escrita de resoluciones judiciales a ‘lectura fácil’ es un método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a textos, al diseño y maquetación de documentos y a la validación de la comprensibilidad de los mismos, destinada a hacer accesible la información a las personas con dificultades de comprensión lectora.
En esta línea, para corregir los obstáculos que impiden a las personas con discapacidad la plena participación en materia judicial, la Conselleria de Justicia ofrece el servicio de traducción de resoluciones de los órganos judiciales aplicando el sistema de ‘lectura fácil’ que se soliciten por :
- Órganos judiciales
- Fiscalías
- Colegios profesionales de abogados y procuradores
- Oficinas de Atención a Víctimas del Delito
- Oficinas de Atención a Víctimas
- Unidades de atención social
- Puntos de información
El departamento que dirige Elisa Núñez sigue en permanente revisión para evitar que los déficits que arrastra nuestro sistema judicial levante barreras visibles e invisibles para las personas con diversidad funcional.
El objetivo es trabajar para que la Justicia sea igual para todos los ciudadanos, independientemente del nivel económico, lugar de residencia o condiciones físicas.
Una justicia más inclusiva y accesible para todos y todas.
