El tribunal avala la decisión del juzgado de Catarroja y descarta los daños materiales como parte de la causa penal. Pilar Bernabé queda fuera del proceso impulsado por la Intersindical Valenciana.
Punto final a la querella contra Bernabé
La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la inadmisión de la querella presentada contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, por su actuación durante la gestión de la DANA que azotó varias comarcas valencianas el pasado octubre.
El tribunal ratifica la decisión de la jueza instructora de Catarroja, que ya en abril rechazó incluir a Bernabé en la causa penal abierta para investigar las posibles responsabilidades en la activación tardía del sistema de alerta a la población (ES-Alert). La Audiencia considera que no hay base suficiente para atribuirle responsabilidades penales por los daños materiales sufridos durante el temporal.
El foco de la investigación sigue en los técnicos
Con esta resolución, la causa penal impulsada por la Intersindical Valenciana y aceptada en parte por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja, mantiene su foco en los responsables técnicos de emergencias, pero excluye a los representantes políticos, al menos por el momento.
Según la Audiencia, los hechos descritos en la querella no permiten imputar a Bernabé una conducta delictiva directa o dolosa, ya que no existen pruebas de que la delegada omitiera deliberadamente su responsabilidad o que actuara con negligencia grave.
¿Qué investigará la justicia?
La causa abierta continuará centrándose en el proceso de activación del sistema ES-Alert, el sistema de notificación masiva por móviles que fue activado de forma tardía, según denuncian diversas plataformas vecinales. La jueza ya ha llamado a declarar a varios técnicos del 112 y del Cecopi, y recientemente ha solicitado capturas de pantalla para confirmar la hora exacta del primer aviso interno (a las 18:36 horas) previo al envío del mensaje.
Sin embargo, los daños materiales sufridos en viviendas, locales y vehículos, especialmente en municipios de l’Horta Sud como Catarroja, Paiporta o Benetússer, no serán objeto de la investigación penal. La jueza ha considerado que esos daños no tienen encaje en un proceso penal, sino que deben resolverse en otras vías administrativas o civiles.
Reacciones tras la decisión judicial
Desde la Delegación del Gobierno han acogido con satisfacción la decisión judicial. Fuentes del equipo de Pilar Bernabé han reiterado su compromiso con la transparencia, la cooperación con la justicia y su respaldo al trabajo realizado durante la emergencia.
Por su parte, la Intersindical Valenciana —que ejercía la acusación popular— ha lamentado la decisión y ha anunciado que seguirá defendiendo la necesidad de esclarecer todos los aspectos de la gestión de la emergencia, incluyendo el papel de los responsables políticos.
Una causa que sigue abierta
Aunque la inadmisión de la querella contra Bernabé supone un alivio para la Delegación del Gobierno, el proceso judicial sigue vivo. En los próximos días están previstas nuevas declaraciones de técnicos, responsables de emergencias y personal de organismos implicados.
La jueza ha centrado su instrucción en comprobar si se actuó con la debida diligencia en los momentos clave del temporal y si hubo una falta de coordinación que pudo agravar los daños en algunas zonas. La cronología del envío del ES-Alert y las reuniones del Cecopi son los ejes principales de la instrucción.
Conclusión: política fuera, técnica bajo lupa
Con esta decisión de la Audiencia de Valencia, se cierra de momento la vía penal contra Pilar Bernabé. La justicia ha dejado claro que no todo fallo en la gestión de una emergencia puede derivar en responsabilidades penales, especialmente cuando no se demuestra intención o negligencia grave.
La investigación se mantiene, pero centrada en los procedimientos técnicos. Lo que está en juego ahora es determinar si se pudo actuar mejor, más rápido o con más coordinación, y si hubo errores evitables que agravaron los efectos de la DANA.
