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Home Comunidad Valenciana

La Audiencia rechaza pedir las llamadas de Pilar Bernabé durante la dana

José Perez por José Perez
noviembre 18, 2026
en Comunidad Valenciana
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pilar bernabe 3
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La Audiencia Provincial de Valencia respalda la decisión de la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 y desestima los recursos de Salomé Pradas y Emilio Argüeso. Los magistrados consideran que la petición de los registros telefónicos de la exdelegada del Gobierno carece de suficiente justificación y afecta a su derecho a la intimidad.

La Audiencia Provincial de Valencia ha avalado la decisión de la magistrada que instruye la causa judicial sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 de no solicitar el registro de llamadas y mensajes del teléfono de Pilar Bernabé, que entonces ocupaba el cargo de delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

La resolución, difundida el 17 de noviembre de 2026, desestima el recurso de apelación presentado por las defensas de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, ambos investigados en el procedimiento.

Los magistrados de la Sección Segunda consideran que la petición no acredita suficientemente la utilidad de incorporar esas comunicaciones a la investigación y advierten de que la medida afectaría directamente al derecho fundamental a la intimidad de Bernabé.

La Audiencia también ha rechazado, mediante otra resolución, nuevas diligencias solicitadas por una acusación particular después de la declaración como testigo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Ambas decisiones delimitan el alcance de determinadas actuaciones de investigación dentro de una causa judicial que continúa examinando la gestión de la emergencia.

Las defensas de Pradas y Argüeso querían conocer las comunicaciones de Bernabé

La petición de los registros telefónicos fue planteada por las defensas de Salomé Pradas y Emilio Argüeso.

Ambos solicitaron que se requiriera a Pilar Bernabé la aportación de las llamadas y mensajes correspondientes al 29 de octubre de 2024, jornada en la que las inundaciones provocaron una catástrofe en numerosos municipios valencianos.

La finalidad de la solicitud era incorporar esas comunicaciones al procedimiento judicial.

Sin embargo, la magistrada instructora rechazó practicar la diligencia al considerar que no existía una justificación suficientemente concreta que permitiera vincular los registros solicitados con una necesidad probatoria determinada.

Las defensas recurrieron esta decisión ante la Audiencia Provincial de Valencia, que finalmente ha respaldado el criterio de la instructora.

La resolución no establece que las comunicaciones carezcan necesariamente de cualquier interés, sino que la solicitud formulada no reúne, según los magistrados, las condiciones de utilidad y pertinencia necesarias para justificar su incorporación en los términos planteados.

La Audiencia considera demasiado genérica la petición

Uno de los argumentos centrales de la resolución judicial es el carácter genérico de la solicitud.

Los magistrados entienden que no se ha identificado una prueba concreta que necesite ser contrastada mediante los registros telefónicos de Bernabé.

Tampoco aprecian que se haya justificado una comunicación específica cuya comprobación resulte necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

La magistrada instructora ya había señalado en una resolución fechada el 10 de septiembre que la petición no estaba vinculada a una prueba, testimonio o circunstancia concreta que justificara solicitar voluntariamente esas comunicaciones.

La Audiencia comparte ese razonamiento y concluye que no se ha acreditado suficientemente la utilidad de la diligencia.

La decisión pone de manifiesto que las solicitudes de investigación deben guardar relación con hechos relevantes para el procedimiento y contar con una justificación adecuada.

El carácter personal del teléfono, un elemento determinante

Otro aspecto relevante es que el dispositivo utilizado por Pilar Bernabé tenía carácter personal.

Durante su declaración como testigo, celebrada el 14 de abril de 2025, la entonces delegada del Gobierno señaló que las comunicaciones solicitadas se encontraban en su teléfono particular.

Esta circunstancia fue tenida en cuenta por la magistrada instructora al rechazar reiterar la petición de aportación voluntaria de los mensajes.

La Audiencia Provincial considera que acceder a esas comunicaciones afectaría directamente al núcleo del derecho a la intimidad.

Los magistrados mantienen esta apreciación incluso ante la posibilidad de establecer medidas para reducir la injerencia.

El carácter personal del dispositivo no supone que sus comunicaciones sean absolutamente inaccesibles en cualquier procedimiento judicial, pero sí exige una justificación suficiente cuando se pretende obtener información protegida por derechos fundamentales.

En este caso, la Audiencia considera que esa justificación no se ha acreditado.

La investigación de la dana y los límites de las diligencias judiciales

La resolución plantea una cuestión importante sobre el funcionamiento de la instrucción penal.

La investigación judicial debe permitir esclarecer los hechos relevantes y determinar, cuando corresponda, posibles responsabilidades.

Sin embargo, las diligencias solicitadas por las partes no se practican automáticamente.

Los órganos judiciales deben valorar su relación con el objeto del procedimiento, su utilidad y su proporcionalidad.

Esta valoración adquiere especial importancia cuando las medidas afectan a comunicaciones privadas o información personal.

La decisión de la Audiencia Provincial se centra precisamente en ese equilibrio entre la investigación de los hechos y la protección de derechos fundamentales.

El rechazo de la petición no implica que se haya resuelto la responsabilidad de las personas investigadas ni supone una valoración definitiva sobre la gestión de la emergencia.

Se trata de una decisión procesal relativa a una diligencia concreta.

Bernabé declaró como testigo en abril de 2025

Pilar Bernabé compareció como testigo en la investigación judicial el 14 de abril de 2025.

Durante aquella declaración, según recoge la información sobre la resolución, hizo referencia al carácter personal del teléfono que contenía las comunicaciones solicitadas.

Su posición procesal como testigo es diferente de la de Salomé Pradas y Emilio Argüeso, que figuran como investigados.

Esta distinción resulta importante para comprender el alcance de la decisión.

El hecho de que una persona declare como testigo no supone que esté siendo investigada por los hechos objeto del procedimiento.

Tampoco la desestimación de una solicitud probatoria permite deducir conclusiones sobre su actuación durante la emergencia.

La Audiencia se limita a resolver si procede o no incorporar los registros telefónicos en los términos planteados por las defensas.

La Audiencia también rechaza nuevas diligencias tras la declaración de Catalá

La Sección Segunda ha adoptado otra decisión relacionada con la investigación de la dana.

En una resolución diferente, ha desestimado el recurso de apelación presentado por una acusación particular contra la negativa de la magistrada a practicar numerosas diligencias después de la declaración como testigo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

La acusación pretendía ampliar la información disponible sobre diferentes aspectos relacionados con la gestión de las inundaciones y las actuaciones de distintas administraciones.

Entre las diligencias solicitadas figuraban nuevos requerimientos de información a la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el barranco del Poyo, la pedanía de La Torre y determinadas comunicaciones de riesgo.

También se pedían actuaciones relacionadas con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Dirección General del Agua y el Ayuntamiento de Valencia.

La solicitud incluía, además, la identificación y declaración del responsable municipal del Ciclo Integral del Agua y otras actuaciones relacionadas con la Albufera y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales.

El barranco del Poyo y La Torre, entre los asuntos examinados

La investigación de las inundaciones ha prestado especial atención al comportamiento del barranco del Poyo y a sus consecuencias sobre diferentes zonas afectadas.

La pedanía valenciana de La Torre figura entre los lugares mencionados en la segunda resolución de la Audiencia.

La acusación particular pretendía obtener información adicional sobre el estado del barranco, su desbordamiento y las comunicaciones relacionadas con el riesgo.

Sin embargo, los magistrados consideran que buena parte de la información solicitada ya consta en las actuaciones judiciales.

La Audiencia señala que el grueso de los datos que se pretendían obtener mediante estas diligencias ya está incorporado al procedimiento.

Este argumento resulta fundamental para entender la desestimación del recurso.

La resolución no significa que los hechos relacionados con el barranco del Poyo carezcan de importancia, sino que el tribunal considera innecesario repetir o ampliar determinadas actuaciones en los términos solicitados.

¿Por qué puede rechazarse una prueba en una investigación penal?

En un procedimiento penal, las partes pueden proponer diligencias destinadas a esclarecer los hechos.

Sin embargo, corresponde al órgano judicial decidir si esas actuaciones resultan pertinentes y útiles.

Una diligencia puede rechazarse cuando no guarda suficiente relación con el objeto de la investigación, cuando su utilidad no está justificada o cuando pretende obtener información que ya figura en el procedimiento.

También deben tenerse en cuenta los derechos fundamentales de las personas afectadas.

En el caso de las comunicaciones privadas, el derecho a la intimidad y las garantías aplicables a su acceso adquieren una especial relevancia.

La Audiencia Provincial ha utilizado estos criterios para examinar los recursos presentados.

Las decisiones no resuelven el fondo de la causa

Las resoluciones conocidas afectan a la práctica de determinadas diligencias, pero no constituyen una sentencia sobre los hechos investigados.

La causa judicial continúa centrada en el esclarecimiento de las circunstancias relacionadas con la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024.

Salomé Pradas y Emilio Argüeso mantienen su condición de investigados en el procedimiento, lo que no equivale a una declaración de culpabilidad.

La investigación debe desarrollarse respetando la presunción de inocencia y las garantías procesales de todas las partes.

Del mismo modo, las personas que han declarado como testigos no deben ser presentadas como responsables de los hechos por el mero hecho de haber comparecido ante la magistrada.

Una investigación marcada por las decisiones sobre las pruebas

La instrucción de la causa de la dana continúa generando resoluciones sobre qué información debe incorporarse al procedimiento y qué actuaciones resultan necesarias.

Los recursos presentados por las defensas y las acusaciones forman parte de los mecanismos procesales previstos para revisar determinadas decisiones judiciales.

En esta ocasión, la Audiencia Provincial ha respaldado el criterio de la instructora en dos cuestiones diferentes.

Por una parte, considera insuficientemente justificada la solicitud de los registros de llamadas y mensajes de Pilar Bernabé.

Por otra, entiende que buena parte de la información requerida por una acusación particular tras la declaración de María José Catalá ya consta en las actuaciones.

Las dos resoluciones mantienen los límites establecidos por la magistrada para estas diligencias y recuerdan que la investigación de la dana debe avanzar mediante pruebas pertinentes, útiles y respetuosas con las garantías procesales.

José Perez

José Perez

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