El Fiscal Superior solicita que el Juzgado de Catarroja siga investigando al expresident al no hallar aún «indicios con suficiente solidez». El TSJCV tendrá la última palabra sobre si asume la causa por «inactividad negligente».
Redacción | ValenciaNoticias.com Martes, 10 de marzo de 2026
El futuro judicial de Carlos Mazón sigue en el aire, pero el cerco se estrecha. El Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz, ha remitido un informe al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en el que, si bien no descarta una «eventual responsabilidad penal» del expresident, considera que todavía es prematuro investigarlo formalmente.
La Fiscalía propone que la causa regrese al Juzgado de Catarroja para que la magistrada continúe practicando diligencias. Según el ministerio público, en este momento no existen indicios «con suficiente solidez», aunque admite que a lo largo de la instrucción podrían aparecer documentos o declaraciones que demuestren que Mazón dio órdenes concretas o fue responsable de la «inactividad» durante la tarde del 29 de octubre de 2024.
El restaurante y la «inactividad negligente»
El centro del debate jurídico reside en las horas que Mazón pasó en un restaurante con la periodista Maribel Vilaplana mientras la emergencia escalaba. Para la jueza de Catarroja, la gestión de la Generalitat «se detuvo de facto» en ese momento. La magistrada ve indicios de una «inactividad negligente» que costó 230 vidas, razón por la cual elevó la causa al TSJCV, dado que Mazón sigue siendo aforado por su acta de diputado en Les Corts.
La estrategia de Salomé Pradas y Emilio Argüeso
Por su parte, la exconsellera Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso —ambos investigados en la causa—, han solicitado el sobreseimiento libre. Su defensa alega que la DANA fue una «desgracia natural» imposible de prever en su magnitud real.
Además, han lanzado un órdago procesal: si el TSJCV decide finalmente investigar a Mazón, piden que asuma toda la causa en bloque (incluyéndoles a ellos) para evitar sentencias contradictorias y posibles nulidades en el futuro.
¿Qué viene ahora? El «tribunal de los cinco»
La decisión final recae ahora sobre una sala del TSJCV compuesta por cinco magistrados:
- Manuel Baeza (Presidente)
- Pía Calderón (Ponente)
- José Francisco Ceres
- Antonio Ferrer
- Vicente Torres
Ellos deberán decidir si admiten la imputación de Mazón, si devuelven la causa a Catarroja para buscar más pruebas (como pide Fiscalía) o si archivan la parte relativa al expresident.
¿Qué significa que Carlos Mazón sea «aforado» y cómo afecta al juicio?
Una de las claves de este proceso judicial es la condición de aforado de Carlos Mazón. Aunque ya no es el President de la Generalitat, mantiene su acta como diputado en Les Corts Valencianes. Según el Estatuto de Autonomía, esto implica que no puede ser juzgado por un tribunal ordinario (como el de Catarroja), sino que cualquier causa penal contra él debe ser asumida por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Esta es la razón por la que la jueza de Catarroja ha tenido que elevar una «exposición razonada». No tiene competencia para imputarle directamente, por lo que debe convencer al TSJCV de que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación. Si el TSJCV acepta la causa, Mazón pasaría a tener la condición formal de investigado.
Las posibles penas: ¿Homicidio por imprudencia?
La jueza apunta a una «inactividad negligente». En términos penales, esto podría derivar en un presunto delito de homicidio por imprudencia grave (Art. 142 del Código Penal).
Las penas por este tipo de delitos, cuando afectan a un número plural de personas, pueden conllevar:
- Prisión: De 1 a 4 años por cada hecho, aunque en concursos de delitos existen límites máximos de cumplimiento.
- Inhabilitación especial: Para el ejercicio de cualquier cargo público por un periodo de entre 3 y 6 años.
El informe de la Fiscalía, aunque cauteloso, deja la puerta abierta a que nuevos elementos documentales (registros de llamadas, correos o actas del CECOPI) demuestren que las decisiones tomadas —o la falta de ellas— tuvieron una relación directa de causalidad con el trágico balance de 230 víctimas mortales.
