La Vall de Cofrentes-Ayora celebra la paralización del proyecto y suspende la manifestación prevista en Valencia para el jueves 15 de octubre. La plataforma ciudadana exige que los terrenos dejen de estar clasificados como suelo industrial para impedir que vuelva a plantearse una instalación similar. La empresa promotora dispone de un mes para recurrir.
La Vall de Cofrentes-Ayora ha conseguido frenar, al menos por ahora, el proyecto del macrovertedero de Zarra, una instalación que había generado un amplio rechazo social e institucional en los municipios de esta comarca del interior de la provincia de Valencia.
La Generalitat Valenciana ha acordado archivar el expediente del proyecto, una decisión que los vecinos y la plataforma ciudadana contraria a la instalación consideran una primera victoria después de cinco meses de movilizaciones.
La noticia ha llevado a los representantes vecinales a suspender la manifestación que tenían prevista para el próximo jueves 15 de octubre en Valencia. Sin embargo, la movilización social no se da por concluida.
La principal preocupación ahora es evitar que el macrovertedero pueda volver a plantearse en los mismos terrenos o que se presente otro proyecto de características similares.
Cinco meses de movilización contra el macrovertedero
La decisión de la Generalitat llega después de una intensa campaña de oposición al proyecto en la Vall de Cofrentes-Ayora.
Durante los últimos cinco meses, vecinos, asociaciones y representantes municipales han expresado su rechazo a la instalación por sus posibles consecuencias ambientales y territoriales.
La preocupación se ha centrado especialmente en la protección del agua, el impacto sobre el entorno natural y el incremento del tráfico asociado a una infraestructura de estas características.
El archivo del expediente supone un cambio importante en la situación administrativa del proyecto, aunque todavía no implica necesariamente su desaparición definitiva.
La empresa promotora conserva la posibilidad de presentar un recurso contra la resolución.
La empresa tiene un mes para recurrir
Uno de los aspectos que mantiene en alerta a la plataforma ciudadana es la posibilidad de que la empresa promotora impugne la decisión de la Generalitat.
Amanda Escudero, integrante del colectivo vecinal, ha recordado que la promotora dispone de un plazo de un mes para presentar un recurso de alzada.
La plataforma desconoce si la empresa utilizará esta vía administrativa.
Por ese motivo, los representantes vecinales han decidido mantener el seguimiento del expediente y de cualquier nueva iniciativa que pueda afectar a la comarca.
La suspensión de la manifestación no supone, por tanto, el final de la actividad de la plataforma.
Los vecinos piden desclasificar los terrenos de Zarra
La principal reivindicación de la plataforma se dirige ahora al Ayuntamiento de Zarra.
Los vecinos reclaman que se estudie la modificación de la clasificación urbanística de los terrenos donde estaba prevista la instalación.
Actualmente, según la información trasladada por el colectivo, esos suelos están clasificados como industriales.
La plataforma considera necesario modificar su situación urbanística para establecer una protección que impida la implantación futura de otro vertedero o de instalaciones similares.
Esta reclamación abre una nueva etapa en el conflicto, centrada ya no solo en un proyecto concreto, sino en la planificación territorial y en los usos permitidos del suelo.
Cualquier modificación urbanística deberá tramitarse conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Ayora defiende que no se puede ignorar a toda una comarca
El alcalde de Ayora, Vicente Anaya, ha celebrado el archivo del proyecto y ha reivindicado la importancia del rechazo social expresado durante estos meses.
El primer edil ha defendido que las decisiones sobre grandes instalaciones deben tener en cuenta sus posibles efectos ambientales y la opinión de los municipios afectados.
«No se puede jugar con el medio ambiente, ni con el agua que bebemos, ni tampoco con el sentimiento de toda una comarca cuando está en contra de un proyecto», ha manifestado.
Sus declaraciones reflejan una de las principales reivindicaciones de la movilización: que las administraciones tengan en cuenta el impacto territorial y social de las infraestructuras proyectadas.
El agua, una de las mayores preocupaciones
La posible afección a los recursos hídricos ha sido uno de los argumentos centrales de la oposición vecinal.
Durante las movilizaciones, diferentes residentes han expresado su temor a que una instalación de estas características pudiera generar problemas de contaminación.
Algunos vecinos han mencionado posibles riesgos relacionados con metales pesados, como el cadmio o el mercurio.
Se trata de preocupaciones expresadas por los residentes, no de daños ambientales acreditados, puesto que el macrovertedero no ha llegado a construirse.
La plataforma también ha señalado el posible aumento del tráfico de vehículos pesados y sus consecuencias para los municipios de la comarca.
«Ya tenemos una nuclear, molinos de viento y placas solares»
El rechazo al proyecto también está relacionado con la percepción de que la comarca soporta ya diferentes infraestructuras energéticas.
Amalia Correcher, vecina de Jarafuel, ha recordado la presencia de la central nuclear de Cofrentes, instalaciones eólicas y plantas solares.
Su reflexión resume el sentimiento de parte de los habitantes de la zona, que consideran que el territorio ya acoge numerosas infraestructuras y no debería asumir nuevas instalaciones sin una evaluación rigurosa de sus consecuencias.
Esta percepción ha contribuido a unir a vecinos de diferentes municipios en torno a la oposición al macrovertedero.
Suspendida la manifestación del jueves en Valencia
Tras conocer la decisión de la Generalitat, la plataforma se reunió con una veintena de participantes para valorar los siguientes pasos.
Uno de los acuerdos fue desconvocar la manifestación prevista para el jueves 15 de octubre en Valencia.
La suspensión responde al archivo del expediente y al nuevo escenario administrativo.
Sin embargo, el colectivo insiste en que continuará vigilando tanto la posible presentación de recursos como la aparición de nuevos proyectos.
Una victoria vecinal que todavía necesita garantías
El archivo del macrovertedero representa un resultado importante para quienes se han movilizado durante cinco meses contra la instalación.
Pero el conflicto abre ahora una segunda fase: la protección de los terrenos y la búsqueda de garantías urbanísticas que permitan evitar la repetición de una iniciativa semejante.
La empresa todavía puede recurrir la resolución, mientras que el Ayuntamiento de Zarra deberá valorar las peticiones de modificación del planeamiento.
La Vall de Cofrentes-Ayora respira más tranquila después de cinco meses de protestas, pero la plataforma ciudadana deja claro que no dará por terminado el conflicto hasta que existan garantías suficientes para proteger el territorio frente a futuros proyectos de macrovertederos.
