Susana Camarero, vicepresidenta del Consell, tilda la normativa estatal de “ideológica e ineficaz”, y responsabiliza a la Ley de Vivienda de reducir la oferta y encarecer los precios. El Consell apuesta por su propio modelo de protección pública como alternativa.

Choque frontal entre Generalitat y Gobierno central

La brecha entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central en materia de vivienda vuelve a ensancharse. Esta vez, la crítica llega directamente desde la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, quien ha calificado la Ley de Vivienda estatal como una norma “fracasada” que está generando efectos adversos en las comunidades donde se ha aplicado.

“Es una ley ideológica e ineficaz. Lo único que consigue es expulsar viviendas del mercado, lo que reduce la oferta y acaba disparando los precios. Lo estamos viendo en otros territorios”, ha señalado con contundencia Camarero.

El modelo valenciano: más vivienda, menos burocracia

Mientras se intensifica el cruce político con Madrid, el Consell defiende sus propias políticas como alternativa a la regulación estatal. Camarero ha destacado el impacto positivo del nuevo decreto autonómico de vivienda de protección pública, aprobado en diciembre de 2024, que en apenas cinco meses ha recibido cerca de 700 solicitudes para nuevas promociones privadas.

Según el Consell, esta norma ha logrado simplificar trámites, ofrecer mayor seguridad jurídica a los promotores y acelerar los procesos de construcción de vivienda protegida. En palabras de la propia consellera, “se trata de facilitar, no de obstaculizar”.

Más viviendas en marcha, sin coste directo

Uno de los pilares del plan del Consell es la colaboración con el sector privado sin necesidad de inversión directa. A día de hoy, se han licitado más de 1.600 viviendas en una docena de municipios mediante mecanismos como la permuta de suelo o el derecho de superficie. La previsión es alcanzar las 2.000 viviendas en construcción en suelos públicos antes de que acabe el año.

Además, más de 280 municipios se han sumado al plan VIVE, que facilita suelo municipal para la promoción de vivienda asequible en colaboración con la EVHA y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Jóvenes, en el centro del plan

El plan autonómico hace especial énfasis en la población joven. La Generalitat ha puesto en marcha un conjunto de medidas para facilitar el acceso a la vivienda a menores de 35 años, como:

• Avales del IVF para financiar hasta el 95% del valor de la vivienda habitual.
• Bonificación en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, pasando del 8% al 6% para los jóvenes compradores.
• Reserva del 40% de las promociones protegidas para menores de 35 años, tanto en promociones públicas como privadas.

“El objetivo es claro: que la gente joven pueda emanciparse, construir su proyecto de vida y hacerlo sin endeudarse de por vida”, explicó Camarero en una reciente intervención.

250 viviendas industrializadas en zonas afectadas por la DANA

Como respuesta a la emergencia habitacional provocada por las lluvias torrenciales de octubre, la Generalitat ha lanzado un proyecto para construir 250 viviendas industrializadas en municipios afectados por la DANA. Estas viviendas, de ejecución rápida, están destinadas a familias que perdieron su hogar durante las inundaciones.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Consell con una vivienda accesible, sostenible y adaptada a situaciones de emergencia.

Mejora del parque público y apoyo a los más vulnerables

Además de la nueva promoción, la Generalitat trabaja en la rehabilitación del parque público existente. En 2024 se han destinado cerca de 13 millones de euros a reformas, y desde junio del año pasado se han adjudicado más de 800 viviendas a personas en situación de vulnerabilidad.

La Generalitat también colabora con entidades como FEVEC y la Fundación Laboral de la Construcción para desarrollar programas de formación profesional en el sector, con especial atención a colectivos con dificultades de inserción laboral.

Conclusión: dos modelos enfrentados

Mientras el Gobierno central defiende una intervención más firme en el mercado de alquiler, la Generalitat apuesta por dinamizar la oferta, agilizar los trámites y ofrecer incentivos al sector privado. El choque de modelos es evidente, y el debate se acentúa en un contexto donde el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

¿Debería reformarse la ley estatal? ¿Son suficientes las medidas autonómicas para solucionar la crisis habitacional en Valencia?