TRIBUNALES & FERROCARRIL | Agentes de la Guardia Civil requieren documentación en Adif, la Agencia de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas por orden de la Fiscalía Europea tras el trágico accidente ferroviario de Urda.
MADRID — La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este viernes una serie de requerimientos judiciales e inspecciones en las sedes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas. La intervención, ordenada de oficio por la Fiscalía Europea (EPPO), busca esclarecer si existió un presunto fraude o malversación en la gestión de fondos comunitarios destinados a las obras de renovación y a los sistemas de señalización del tramo de alta velocidad de Urda (Toledo).
La investigación penal europea se abre a raíz del fatal siniestro ferroviario ocurrido en esta localidad castellano-manchega, en el que la colisión de trenes se cobró trágicamente la vida de decenas de personas. La actuación abre un frente paralelo a la instrucción judicial ordinaria centrada en las causas técnicas y operativas inmediatas del choque.
En el foco: arbitrariedad en adjudicaciones y fondos comunitarios
El motivo de la personación de los investigadores en los órganos reguladores y en el Tribunal de Cuentas se centra en auditorías previas sobre la licitación y ejecución de los contratos de seguridad y detección en el corredor Madrid-Sevilla. Según fuentes del procedimiento, el Tribunal de Cuentas ya había emitido advertencias previas señalando la falta de rigurosidad y transparencia en los informes de valoración de dichos contratos de señalización.
«El análisis del órgano fiscalizador determinó que las valoraciones carecían de la motivación adecuada en la asignación de puntuaciones, lo que abría la puerta a actuaciones injustificadas o arbitrarias en las adjudicaciones financias con fondos de la Unión Europea», apuntan fuentes cercanas a la investigación.
Entre las adjudicaciones bajo la lupa se encuentra un contrato de 21,5 millones de euros adjudicado por Adif Alta Velocidad para la puesta en servicio y el despliegue de subsistemas de señalización y detección de trenes en la línea. La Fiscalía Europea sospecha que parte de las partidas presupuestarias financiadas por los Fondos de Cohesión y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) pudieron ser objeto de desvío o cobros indebidos sin responder a las especificaciones técnicas requeridas.
Doble frente judicial para la infraestructura ferroviaria
Esta actuación marca una jornada de alta tensión institucional en las oficinas del administrador ferroviario. La irrupción del instituto armado por el caso Urda se produce de forma simultánea a otras pesquisas que salpican a la entidad estatal, sumando una presión creciente sobre la gestión de la red de Alta Velocidad en España.
Los agentes de la UCO han procedido al clonado de correos electrónicos, el volcado de expedientes de contratación y la recopilación de actas del comité de adjudicaciones para analizar si las deficiencias del tramo de Urda guardan relación con una negligencia continuada o una red de sobrecostes simulados en la ejecución técnica de las obras.
La Fiscalía Europea continuará en las próximas semanas citando a peritos de la AESF y Adif para verificar si los sistemas de protección instalados cumplían la normativa técnica europea y si se justificaron debidamente los importes abonados por la Unión Europea.
