Las principales asociaciones profesionales de jueces y fiscales de España han difundido un duro comunicado conjunto en el que alertan de una supuesta “campaña organizada” para desacreditar y presionar a miembros de la carrera judicial.
El documento, firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), expresa una profunda preocupación por las informaciones aparecidas en los últimos días relacionadas con presuntas investigaciones y seguimientos a magistrados.
El comunicado menciona a la jueza Beatriz Biedma
El texto hace referencia concreta a la magistrada Beatriz Biedma Rojano, actual titular del Tribunal de Instancia de Badajoz, Sección de Instrucción número 3.
Según las asociaciones, las informaciones publicadas apuntarían a supuestos seguimientos y actuaciones dirigidas contra la jueza y su entorno personal con el objetivo de “hostigarla y desacreditarla”.
El comunicado sostiene que los hechos conocidos “van mucho más allá” de una simple crítica política y podrían suponer una estrategia organizada para atentar contra la independencia judicial.
“Ataque al Estado de Derecho”
Las asociaciones judiciales y fiscales defienden en el documento que el poder judicial actúa “con plena independencia y sometido únicamente al imperio de la ley”.
Además, advierten de que cualquier intento de deslegitimar la función de jueces y fiscales constituye “un ataque al Estado de Derecho y a la separación de poderes”.
El texto recuerda también que desde hace años vienen denunciando un aumento de los ataques políticos contra miembros de la judicatura debido al contenido de determinadas resoluciones judiciales.
Críticas al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado
Uno de los puntos más duros del comunicado se dirige contra el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.
Las asociaciones consideran insuficiente la reacción del órgano de gobierno de los jueces y lamentan “la falta de contundencia” mostrada hasta ahora.
“Esperábamos que en este caso el CGPJ hubiera estado a la altura en su labor constitucional de defensor y garante de la independencia judicial”, señala el documento.
Asimismo, critican “la ausencia de reacción” de la Fiscalía General del Estado, a la que reprochan no haber actuado en defensa de la independencia judicial.
Posibles actuaciones futuras
El comunicado concluye anunciando que las asociaciones permanecerán “expectantes” ante el desarrollo de las diligencias judiciales actualmente en marcha y que adoptarán “las medidas que estimen oportunas” tanto en el ámbito estatal como europeo.
Aunque no detallan cuáles podrían ser esas acciones, el texto deja abierta la puerta a futuras iniciativas legales o institucionales si la investigación confirma los hechos denunciados.
Crece la tensión institucional
La publicación de este comunicado se produce en un momento de máxima tensión política y judicial, marcado por diversas investigaciones que afectan al entorno del Gobierno y por el creciente enfrentamiento entre parte de la judicatura y sectores políticos.
Las asociaciones firmantes insisten en que la tranquilidad y la independencia de jueces y fiscales deben preservarse como un “postulado básico” del funcionamiento democrático.
El documento está fechado en Madrid el 2 de junio de 2026 y ha comenzado ya a generar una fuerte repercusión política y mediática en redes sociales y medios de comunicación.
