La Associació Víctimes Dana 29-O se persona como acusación particular y exige estar representada en la comisión de investigación parlamentaria antes de cualquier encuentro institucional con el president

Una voz que clama justicia desde el silencio administrativo

Las secuelas de la DANA del 29 de octubre aún laten con fuerza en la Comunitat Valenciana. Más allá de las pérdidas materiales y las devastadoras imágenes que dejó el temporal, 21 familias siguen exigiendo respuestas por las muertes ocurridas durante la tragedia. Lo hacen ahora a través de la Associació Víctimes Dana 29-O, una plataforma que se ha constituido formalmente como acusación particular y que ha puesto el foco, una vez más, en la responsabilidad institucional.

La asociación ha sido tajante: no habrá reunión con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, hasta que estén “efectivamente” presentes en la comisión de investigación creada en Les Corts Valencianes. Una condición que no es meramente formal, sino profundamente simbólica: “No podemos hablar con quien no ha querido escucharnos institucionalmente”, afirman desde la asociación.

Exigen presencia activa, no promesas

El desencuentro tiene como trasfondo la configuración de la comisión parlamentaria que debe esclarecer lo ocurrido durante la DANA. Aunque la comisión está en marcha, desde la asociación denuncian que no se ha garantizado su participación directa ni se les ha ofrecido el estatus necesario para intervenir con voz propia en las sesiones.

“No queremos ser invitados pasivos, queremos estar dentro, participar, preguntar, señalar lo que se omitió”, insisten. A su juicio, no basta con buenas palabras o declaraciones de condolencias. Lo que necesitan, dicen, es un compromiso claro con la verdad, la transparencia y la reparación.

Una comisión bajo la lupa social

La comisión de investigación sobre la gestión de la DANA del 29-O ya ha sido objeto de controversia desde su planteamiento. A las diferencias políticas sobre a quién debe citarse —incluido el debate sobre la comparecencia de Pedro Sánchez—, se suma ahora el malestar de las víctimas por su exclusión del proceso parlamentario.

Para la Associació Víctimes Dana 29-O, esta exclusión evidencia una desconexión institucional con el dolor real de las personas afectadas. Y por eso insisten en que la reunión con Mazón solo tiene sentido si se produce una vez estén integrados “con todas las garantías” en los trabajos de Les Corts.

De la calle a la justicia

El paso dado por la asociación al personarse como acusación particular refuerza su papel dentro del proceso judicial abierto para esclarecer las responsabilidades en las muertes. Representan a 21 familias de víctimas mortales, una cifra que habla por sí sola del impacto humano del temporal.

Este movimiento jurídico no es solo una estrategia legal, sino también una forma de dignificar a quienes murieron, muchos de ellos en circunstancias aún poco claras o rodeadas de una gestión que, según denuncian, fue insuficiente o descoordinada.

“Queremos saber por qué no se actuó antes, por qué no se avisó, por qué no se protegió a tiempo. Y queremos que eso lo sepan también los responsables políticos”, expresan los portavoces de la asociación.

El president Mazón, en el centro de la presión

Carlos Mazón, president de la Generalitat, se encuentra ahora en una posición delicada. Por un lado, ha manifestado públicamente su intención de atender a las víctimas y escucharlas “cuando sea necesario”. Por otro, la negativa de la asociación a reunirse con él sin antes estar dentro de la comisión lo coloca frente a una disyuntiva: acelerar su inclusión o asumir el coste político de mantener esa distancia.

Desde Presidencia, hasta ahora, no se ha confirmado si se aceptarán las condiciones exigidas por la asociación. Sin embargo, el creciente eco social de este reclamo, y el apoyo de algunas formaciones políticas en Les Corts, podrían forzar una respuesta en los próximos días.

Una exigencia que interpela a todos

La petición de las víctimas no solo va dirigida al Consell. También interpela a los partidos políticos representados en Les Corts, a la sociedad civil y a los medios. “Esto no es un caso cerrado. Es un duelo abierto. Y mientras no haya justicia, no habrá paz para las familias”, aseguran.

Varias entidades sociales y jurídicas han mostrado ya su respaldo a la petición de la asociación. Consideran que su participación activa en la comisión no solo es legítima, sino necesaria para garantizar la transparencia del proceso.

Conclusión: ¿Habrá voluntad política para escuchar?

La Associació Víctimes Dana 29-O ha marcado una línea clara: sin voz, no hay diálogo. Su negativa a reunirse con el president Mazón si antes no son integrados plenamente en la comisión parlamentaria es una decisión cargada de simbolismo y dignidad.

Valencia se encuentra ante una oportunidad para demostrar que su democracia es sensible al dolor y respetuosa con quienes más han perdido. ¿Se garantizará la participación activa de las víctimas? ¿Habrá un cambio de rumbo en Les Corts?