El club nocturno ignora el dictamen judicial que le obliga a cumplir los límites de ruido y promociona su actividad hasta octubre. El Ayuntamiento y la Generalitat se cruzan responsabilidades mientras los vecinos esperan una solución.
La «Ciudad de las Artes y las Ciencias» vuelve a ser el epicentro de la polémica. Mientras el juzgado estudia la consulta planteada por la Generalitat sobre cómo aplicar las medidas correctoras —que podrían incluir el cese de actividad o la reubicación—, L’Umbracle ha optado por la normalidad. La discoteca ya ha puesto a la venta las entradas para toda su temporada, que se extenderá durante los viernes y sábados de mayo, y abrirá también los jueves desde junio hasta septiembre.
El silencio de la entidad, que ha declinado atender a los medios de comunicación sobre las medidas adicionales que piensan implementar, contrasta con la indignación de los vecinos de la avenida Profesor López Piñero. Hasta el momento, no se han observado cambios significativos en la infraestructura del espacio para mitigar la emisión de sonido.
Un vacío de control
La situación actual se mueve en un limbo administrativo. El Ayuntamiento de Valencia sostiene que la competencia sobre lo que ocurre en Cacsa recae en la Generalitat. Por su parte, la Policía Local solo intervendrá mediante mediciones reactivas, es decir, únicamente si algún vecino interpone una denuncia por molestias en el momento. Esta metodología es la que los residentes han criticado históricamente, al considerarla ineficaz para controlar un foco de emisión sonora que ha vulnerado reiteradamente el derecho al descanso.
La incógnita ahora es si la Generalitat o el propio club han reforzado el plan de actuación para evitar que, una vez comience el verano, la terraza vuelva a convertirse en un punto de conflicto judicial, tal y como ya ha ocurrido con los festivales en la misma zona.
