VALENCIA. — La Comunitat Valenciana vive una de las jornadas más convulsas que se recuerdan en el ámbito de la enseñanza pública. Lo que comenzó como una convocatoria de huelga sectorial de docentes se ha transformado, con el paso de las horas, en un estallido social y político de proporciones inéditas. Tras la ruptura total de las negociaciones entre la Conselleria de Educación y los representantes sindicales, la tensión se ha trasladado tanto al interior de los despachos oficiales como a las principales arterias viales de la ciudad de Valencia, dejando imágenes de cargas policiales, retenciones kilométricas y un cruce de acusaciones políticas que ya salpica al Gobierno central y a las fuerzas de seguridad.
La chispa que encendió definitivamente la mecha se produjo tras la rueda de prensa oficial de la consellera de Educación, Carmen Ortí. En una comparecencia de urgencia posterior a la reunión mantenida con los sindicatos, Ortí se mostró inflexible y cargó duramente contra las motivaciones del paro. La consellera aseguró sin ambages que los sindicatos «vuelven a querer derogar la ley de Libertad Educativa aprobada en las Corts», una norma que el actual Ejecutivo autonómico considera el pilar de su mandato en materia escolar. Lejos de buscar un perfil conciliador, Ortí remató afirmando ante los medios de comunicación que «la huelga tiene un evidente componente político», sugiriendo que las centrales sindicales actúan espoleadas por la oposición parlamentaria más que por verdaderas reivindicaciones laborales.
El encierro de los sindicatos y el cientos de docentes atrincherados en la calle
Estas declaraciones provocaron una indignación inmediata entre los representantes de los trabajadores que aún se encontraban en el complejo administrativo. En un gesto de protesta poco frecuente, los negociadores sindicales (pertenecientes a organizaciones como STEPV, CCOO y UGT) tomaron la decisión de no abandonar las dependencias de la Conselleria de Educación, declarándose en situación de encierro indefinido en el interior del edificio. Los representantes sindicales manifestaron que no se moverán del recinto hasta que no se ofrezcan «soluciones reales» a la pérdida de unidades en la escuela pública, a los recortes de plantillas y a lo que consideran una «imposición ideológica» a través de la nueva ley lingüística.
«No nos vamos a marchar. No es una huelga política, es la defensa de la dignidad de la escuela pública frente a un desmantelamiento programado», declaraban fuentes sindicales desde el interior del inmueble.
Mientras los líderes sindicales permanecían atrincherados en los despachos, la situación en el exterior alcanzaba cotas de máxima tensión. Centenares de docentes, que se habían concentrado a las puertas de la Conselleria para respaldar a sus negociadores, recibieron las palabras de la consellera Ortí como una «provocación». Los cánticos de protesta, acompañados de silbatos y pancartas en defensa de la enseñanza pública y del valenciano, se intensificaron en un ambiente de indignación colectiva que hacía prever un estallido de la protesta.
Por su parte sindicatos como CSIF denuncian que se han quedado encerrados en el edificio en contra de su voluntad y expresan su deseo de salir del mismo, mientras los sindicatos mayoritarios les acusan de vendidos…
Caos circulatorio en la Avenida Pío XII
La concentración, que hasta ese momento se había desarrollado dentro de los márgenes habituales de la protesta laboral, desbordó los cordones de seguridad. Espoleados por la ruptura del diálogo, cientos de docentes decidieron abandonar las inmediaciones del edificio administrativo y se dirigieron en masa hacia la Avenida Pío XII, una de las principales arterias de entrada y salida de la capital valenciana.
El objetivo de los manifestantes fue el corte total de la circulación. En cuestión de minutos, la multitud invadió las calzadas en ambos sentidos de la marcha, sembrando el caos absoluto en plena avenida. Los vehículos, autobuses de transporte público y camiones de reparto quedaron completamente atrapados en una retención kilométrica que colapsó los accesos adyacentes de la ciudad. El ruido de los cláxones de los conductores atrapados se mezcló con los gritos de los manifestantes, generando escenas de gran nerviosismo y confusión en hora punta.
Cargas policiales y derivaciones políticas
Ante el colapso del tráfico y la negativa de los manifestantes a deponer su actitud, las unidades de la Policía Nacional desplegadas en la zona recibieron la orden de intervenir para restablecer la circulación. Fue en ese preciso instante cuando se desató la violencia. Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) emplearon la fuerza para dispersar a los docentes de la calzada, originando cargas policiales y momentos de extrema tensión, con carreras, empujones y caídas que encendieron aún más los ánimos de la comunidad educativa.
El impacto de las imágenes de las cargas policiales contra los profesores no ha tardado en provocar un auténtico terremoto político que ya trasciende las fronteras de la Comunitat Valenciana. Partidos políticos como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han reaccionado con rapidez a nivel estatal y ya están exigiendo explicaciones urgentes en el Congreso de los Diputados por lo que califican de «desproporcionada respuesta policial» ante una protesta laboral de trabajadores de la enseñanza.
Por su parte, la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha comparecido por la tarde para tratar de rebajar la tensión institucional, aunque sus palabras reflejan la gravedad de los hechos. Bernabé ha anunciado públicamente que se va a abrir una vía de investigación interna para esclarecer de manera exhaustiva cómo se desarrollaron los acontecimientos y analizar la actuación de los policías nacionales involucrados en los incidentes. «Se van a investigar los hechos de manera transparente para determinar si la fuerza empleada se ajustó a los protocolos establecidos», aseguró la Delegada, en un intento de calmar el malestar de la comunidad educativa.
Un conflicto educativo de fondo y sin visos de solución
Detrás de este estallido sin precedentes subyace una fractura profunda en el modelo educativo valenciano. La Conselleria insiste en que la Llei de Llibertat Educativa es una promesa electoral validada por las urnas y por la mayoría parlamentaria de las Corts, argumentando que devuelve a las familias el derecho a elegir la lengua vehicular de sus hijos.
Por el contrario, los sindicatos y los docentes en huelga consideran que dicha ley es, en la práctica, un arrinconamiento del valenciano y un ataque a la cohesión social. A esto se suman las quejas por las «ratios» elevadas por aula, la paralización del Plan Edificant para la reforma de colegios e institutos, y lo que denuncian como un desvío progresivo de fondos públicos hacia la educación privada-concertada.
Con los representantes sindicales todavía encerrados en la Conselleria, centenares de profesores manteniendo las espadas en alto en la calle y una investigación policial en marcha, la Comunitat Valenciana se enfrenta a una crisis educativa y social de consecuencias políticas imprevisibles para el Ejecutivo autonómico.
La Avenida de Campanar continua cortada por cientos de docentes que amenazan con provocar el caos circulatorio mañana.
Este diario ya advirtió hace ahora 11días delas reclamaciones más allá de lo educativo de algunos sindicatos y de que la Consellera estaba negociando cuestiones «políticas». Ahora ha estallado el conflicto…
