Valencia, 10 de junio de 2026. — La aprobación por parte del Consell de la Generalitat Valenciana (GVA) del nuevo Decreto-ley para regular los vehículos de transporte con conductor (VTC) ha logrado un inesperado consenso en el sector de la movilidad urbana: el rechazo absoluto de todas las partes implicadas. Lejos de pacificar las calles y los despachos, el texto normativo impulsado por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha encendido los ánimos tanto de las patronales de las VTC como del sector del taxi, abriendo un escenario de alta litigiosidad judicial y amenaza de protestas.
Mientras las plataformas digitales consideran la norma una «patada hacia delante» que genera inestabilidad e inseguridad jurídica, el taxi califica la medida de «traición» y advierte del inicio de una guerra abierta en las calles valencianas.
Las VTC denuncian una «cuenta atrás» que aplaza el conflicto dos años
Las principales asociaciones del sector VTC, UNAUTO-VTC y MOVVA, han lamentado profundamente la oportunidad perdida por el Gobierno autonómico para cerrar un marco regulatorio definitivo y estable. Para las patronales, el nuevo Decreto-ley no soluciona el problema de fondo, sino que introduce una prórroga temporal de apenas dos años para que los vehículos actuales sigan prestando servicios urbanos de manera provisional.
«Esta norma no resuelve el problema: lo aplaza. El Consell ha elegido una solución temporal donde podía haber dado seguridad jurídica. Dentro de dos años, si no se corrige el rumbo, empresas, trabajadores y administración volverán a enfrentarse al mismo conflicto», señalan de forma conjunta ambas organizaciones.
El sector, que genera un impacto económico anual de 208,6 millones de euros en la Comunitat Valenciana y sostiene cerca de 5.000 empleos directos, argumenta que la temporalidad hiere de muerte la planificación empresarial y la estabilidad de autónomos y trabajadores. A pesar de reconocer que la prórroga de dos años atiende parcialmente la petición de más de 9.000 ciudadanos que firmaron para salvar el servicio, critican que el crecimiento futuro del mercado no se haya disociado de la continuidad de las licencias ya existentes, las cuales consideran que deberían haberse consolidado de forma plena y permanente.
Asimismo, UNAUTO-VTC y MOVVA advierten de que el documento mantiene serias restricciones tecnológicas, operativas y sancionadoras que podrían vulnerar el Derecho europeo. Por ello, han anunciado que estudiarán con minuciosidad el texto y se reservan la posibilidad de acudir a la Comisión Europea para denunciar la norma por presunta incompatibilidad con los principios de proporcionalidad, no discriminación y libertad de establecimiento, un camino que ya transita actualmente la regulación de Cataluña en Bruselas.
El taxi estalla contra el Consell y denuncia una «selva total»
En la otra acera del conflicto, la indignación no es menor. La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana (CTACV) ha cargado con inusitada dureza contra el Consell, acusando directamente al conseller Martínez Mus de «ocultar la verdad del decreto» y de ceder ante las presiones de las «multinacionales y fondos extranjeros» en detrimento de las más de 9.000 familias que dependen del taxi en la región.
El punto que ha desatado la cólera del taxi es la eliminación del tiempo mínimo de precontratación de 15 minutos que imperaba para las VTC. Según denuncia la CTACV, la supresión de esta barrera temporal permitirá a las plataformas operar de manera casi inmediata, diluyendo por completo la diferencia legal y operativa entre ambos modelos de transporte urbano. La organización recuerda que ningún tribunal había declarado desproporcionada dicha restricción, por lo que tachan la decisión del Ejecutivo de «incomprensible».
Además, el taxi denuncia que el Decreto-ley convierte a toda la Comunitat Valenciana en una suerte de «zona urbana única», permitiendo a las VTC operar en cualquier municipio sin restricciones territoriales ni control efectivo por parte de los ayuntamientos sobre el espacio público.
«Nos encontramos ante un auténtico disparate legal y una selva total que deja al sector sin ningún tipo de control administrativo real», claman desde la confederación de taxistas.
El tono de la protesta sube de intensidad al acusar al Consell de aplicar una estrategia de «chantaje» y miedo hacia el colectivo, sugiriendo que se ha utilizado la amenaza de una liberalización total (la llegada de «miles de VTC más») para forzar la aceptación de este Decreto-ley, al tiempo que intentan fracturar la unidad del sector ofreciendo supuestas ventajas a determinados perfiles empresariales.
Un escenario de confrontación política, local y judicial
Con las espadas en alto, el nuevo marco normativo de la Generalitat Valenciana parece abocado a los tribunales antes que a la pacificación de la movilidad. Mientras las plataformas de VTC preparan sus recursos basados en la normativa de la Unión Europea, los servicios jurídicos de la CTACV ya se encuentran analizando el texto para coordinar sus próximas acciones legales y de protesta.
El sector del taxi ha hecho un llamamiento desesperado a los diferentes ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para que «se pongan al lado del sentido común» y ejerzan su presión institucional con el fin de obligar al Consell a rectificar el decreto. Argumentan que los municipios son los competentes para ordenar sus calles y que la aplicación de este modelo provocará saturación de tráfico, problemas de movilidad y una competencia descontrolada en los grandes núcleos urbanos.
La batalla por la movilidad en Valencia, lejos de cerrarse, inicia una cuenta atrás de veinticuatro meses con un tejido empresarial insatisfecho, un colectivo del taxi en pie de guerra y una administración autonómica en el ojo del huracán.
