MADRID, 18 de noviembre de 2026. — A poco más de diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el presidente del Frente Obrero y cabeza de lista por Madrid, Roberto Vaquero, ha intensificado su discurso de campaña vinculando la integridad territorial de España con la protección de la clase trabajadora. Bajo consignas como «Lo primero es salvar España» y el lema oficial de campaña «Defendamos España», el dirigente ha respondido a las críticas que cuestionan la compatibilidad entre el patriotismo y las reivindicaciones obreras.
En relación con la defensa de la ciudad autónoma de Ceuta, Vaquero fue tajante al rechazar cualquier contradicción: «¿En Ceuta no hay trabajadores? Veo una hipocresía fuera de lo normal. Yo estoy a favor, por encima de todo, de que no invada mi país una dictadura islámica terrorífica». Con estas declaraciones, el líder de la formación —que por primera vez concurre en las 52 circunscripciones tras reunir más de 60.000 avales— refuerza la tesis central de su movimiento, autodefinido como «patriota y revolucionario», que sitúa la soberanía nacional y el control fronterizo como requisitos indispensables para garantizar derechos laborales y sociales.
Las líneas básicas del programa del Frente Obrero para el 29-N
El programa político con el que el Frente Obrero se presenta a los comicios de 2026 articula una combinación de intervencionismo económico y social con un fuerte nacionalismo, ruptura con instituciones supranacionales y endurecimiento migratorio:
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Soberanía nacional y política exterior: La formación propone la salida inmediata de España de la Unión Europea y de la OTAN, así como la expulsión de bases militares extranjeras, apostando al mismo tiempo por el refuerzo del Ejército nacional. En el plano territorial, defiende la recentralización de competencias clave como sanidad, educación y emergencias, y la supresión de las policías autonómicas.
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Inmigración, fronteras y seguridad: Plantea un endurecimiento estricto del control fronterizo, la ampliación de los supuestos de deportación para inmigrantes en situación irregular y medidas contra lo que denominan «islamización», incluyendo el cierre de mezquitas vinculadas al activismo radical, la expulsión de imanes extremistas y la prohibición del velo islámico en espacios públicos. Asimismo, propone priorizar a los ciudadanos españoles en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda pública, fomentando planes estatales de natalidad como alternativa a la inmigración.
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Trabajo, fiscalidad y pensiones: En el ámbito laboral, aboga por la prohibición de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y la eliminación de la cuota de autónomos para quienes no alcancen el salario mínimo. En materia fiscal, plantea reducir el IRPF a los trabajadores con rentas bajas y elevarlo a las rentas más altas mediante nuevos tramos. Respecto a las pensiones, defiende revertir el retraso de la edad de jubilación y aumentar las pensiones mínimas y no contributivas.
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Industria, energía y sector primario: El programa exige el fin de la denominada «transición ecológica» —derogando normativas climáticas, zonas de bajas emisiones y restricciones al vehículo de combustión— para impulsar una reindustrialización nacional. Apuesta por ampliar y modernizar el parque nuclear explotando recursos propios de uranio, además de abandonar la Política Agrícola Común (PAC) y los tratados de libre comercio para proteger la soberanía alimentaria y al campo español.
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Vivienda y servicios públicos: Propone la creación de un gran parque público de alquiler mediante inversión estatal, la aplicación de la dación en pago y el freno a la especulación de fondos buitre, grandes tenedores y pisos turísticos. En servicios públicos, exige una sanidad 100 % pública revirtiendo privatizaciones y conciertos, y la supresión de las subvenciones a la educación privada y concertada para integrarla en la red estatal.
















