El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo utilizará «todos los recursos del Estado» para garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta tras la crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma. Además, ha anunciado que el Gobierno estudiará modificaciones legales para adaptar la normativa sobre devoluciones en frontera después de la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Durante su comparecencia desde Ceuta, Sánchez calificó lo sucedido como una «violación de la integridad territorial de una ciudad española» y trasladó el compromiso del Ejecutivo con la recuperación de la normalidad.

Atribuye la avalancha a una interpretación difundida por las mafias

El presidente explicó que, según las conversaciones mantenidas con las autoridades marroquíes, las redes dedicadas al tráfico de personas habrían difundido una interpretación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera.

Según indicó, esa lectura se propagó rápidamente entre quienes pretendían cruzar a Ceuta y habría contribuido al incremento extraordinario de llegadas registrado en las últimas horas.

Sánchez recordó que, antes de esta crisis, España acumulaba varios años de descenso de la inmigración irregular y afirmó que este episodio rompe esa tendencia. Según los datos ofrecidos por el presidente, las llegadas irregulares se habían reducido alrededor de un 36-37 % en lo que va de 2026 y cerca de un 40 % durante 2025.

Más seguridad y despliegue de medios

El jefe del Ejecutivo destacó el refuerzo de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como el apoyo del Ejército de Tierra y de la Armada, para garantizar la seguridad en la ciudad autónoma. También aseguró que el Estado mantendrá todos los recursos necesarios hasta recuperar la normalidad.

Boyas para facilitar las devoluciones

Entre las medidas anunciadas figura la instalación de boyas en el espigón fronterizo, con el objetivo de crear una barrera física visible que, según explicó el presidente, permita adaptar el procedimiento administrativo a la interpretación realizada por el Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera.

Al mismo tiempo, el Gobierno está agilizando los expedientes de expulsión y las repatriaciones de las personas que han entrado de forma irregular en Ceuta.

El Gobierno plantea reformar la legislación

Pedro Sánchez confirmó además que el Ejecutivo estudiará modificaciones legislativas para garantizar que las repatriaciones en frontera puedan realizarse de la forma «más eficiente posible», respetando siempre el Estado de derecho.

Según explicó, el Gobierno actuará tanto con medidas urgentes como mediante una posible reforma de la normativa vigente.

Defensa de la cooperación con Marruecos

El presidente defendió la colaboración con Marruecos y con otros países de origen y tránsito como una pieza fundamental de la política migratoria española.

Afirmó que la interlocución con las autoridades marroquíes durante esta crisis ha sido «constante», «fluida» y «muy razonable», y expresó su confianza en que esa cooperación permita acelerar las repatriaciones en las próximas horas y días.

Ayudas para los comercios afectados

Sánchez anunció igualmente que el Gobierno analizará posibles medidas de apoyo para los pequeños comercios y autónomos de Ceuta que se hayan visto perjudicados por la crisis migratoria, al tiempo que reiteró el compromiso del Ejecutivo con la seguridad y la convivencia en la ciudad autónoma.

JUPOL cuestiona el despliegue militar y exige responsabilidades

Antes de la intervención de Sánchez, el portavoz de JUPOL, Sebastián Gómez, criticó la respuesta ofrecida por el Gobierno y cuestionó la función real de las Fuerzas Armadas desplegadas en Ceuta.

Gómez aseguró que los militares habían salido con vehículos blindados sin recibir objetivos concretos y sostuvo que el despliegue buscaba principalmente ofrecer una imagen de reacción ante los medios de comunicación.

“El Ejército que vemos con las tanquetas ha salido para hacer imagen, para las teles”, afirmó el portavoz sindical, que denunció una sensación de abandono entre los agentes y los habitantes de la ciudad.

También reclamó responsabilidades políticas por la falta de previsión ante una llegada masiva que, en su opinión, debería haber sido detectada por los servicios de inteligencia españoles y marroquíes.

JUPOL pregunta quién asumirá la responsabilidad por los fallecidos

Sebastián Gómez se refirió igualmente a las personas fallecidas durante la crisis y preguntó quién asumiría la responsabilidad política por esas muertes.

El representante sindical consideró que la responsabilidad debería recaer en Pedro Sánchez, aunque mostró su convencimiento de que finalmente no se producirá ninguna dimisión.

JUPOL también ha reclamado durante la crisis un aumento estable de las plantillas policiales en Ceuta y Melilla, así como una actualización del catálogo de puestos de trabajo para responder a las circunstancias especiales de ambas ciudades autónomas.