Valencia, 23 de abril de 2026 – La tensión en el Centro Penitenciario Antonio Asunción Hernández de Picassent ha vuelto a estallar. En la mañana de hoy, un funcionario de prisiones ha sido víctima de una agresión violenta en el Módulo 2 de la instalación, un departamento que el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) define ya como un «polvorín» fuera de control. Este nuevo episodio no es un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis sistémica que los trabajadores achacan directamente a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y Sumar.
Crónica de una violencia anunciada
Los hechos ocurrieron durante la rutina diaria del reparto de comida. Según el relato de los testigos y la nota oficial del sindicato, un interno con un historial conflictivo y antecedentes de incidentes regimentales se abalanzó sin previo aviso sobre uno de los funcionarios de servicio. El ataque fue seco y brutal: un puñetazo directo a la mandíbula seguido de un intento de derribo.
La rápida intervención de los compañeros del agredido evitó un desenlace fatal. No obstante, el trabajador tuvo que ser trasladado a urgencias hospitalarias tras pasar por la enfermería del centro, aquejado de fuertes mareos y posibles lesiones internas derivadas del impacto. Mientras el agresor permanece ahora en aislamiento provisional, la plantilla de Picassent se pregunta: «¿Quién será el siguiente?».
El «Buenismo» frente a la realidad de las celdas
Desde TAMPM denuncian que la seguridad interna de los penales españoles se está desmoronando bajo el peso de una política penitenciaria que tildan de «buenista». El foco de la crítica apunta a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y su reticencia a clasificar en Primer Grado (el régimen de control más estricto) a internos que, por su peligrosidad, no deberían convivir en módulos ordinarios.
«Estamos viendo cómo el Gobierno se empeña en regularizar presos mientras olvida y abandona a quienes deben custodiarlos», lamentan fuentes sindicales. La estadística es demoledora: los funcionarios de prisiones en España sufren, de media, una agresión cada 19 horas. En Picassent, la situación se agrava por el hacinamiento. El sindicato denuncia módulos que superan los 140 internos, custodiados apenas por dos funcionarios. Una ratio que califican de «suicida».
El muro político: La negativa a ser Agentes de la Autoridad
El corazón de la indignación de este colectivo reside en el Congreso de los Diputados. A pesar de la violencia creciente, el Gobierno de coalición formado por el PSOE y Sumar sigue sin otorgar a los funcionarios de prisiones la condición legal de Agentes de la Autoridad.
Esta reclamación histórica no es una cuestión de estatus, sino de protección jurídica y disuasión. Al no ostentar este rango, una agresión a un trabajador de prisiones suele saldarse con sanciones administrativas o penas menores, en lugar de ser tratada como un atentado a la autoridad con consecuencias penales graves. Para los trabajadores, la negativa de Sánchez y sus socios de gobierno es una «traición» que les deja desprotegidos ante delincuentes que saben que golpear a un funcionario «sale barato».
Un sistema al límite
Mientras el debate político se centra en la reinserción y la flexibilización de los regímenes de vida, los pasillos de Picassent cuentan una historia distinta. «No podemos ser trabajadores sociales y escudos humanos al mismo tiempo si no tenemos las herramientas ni el respaldo legal mínimo», afirman desde TAMPM.
La jornada en Picassent termina hoy con un compañero en el hospital y un profundo sentimiento de desamparo en el resto de la plantilla. La advertencia es clara: si el Ministerio del Interior no reacciona ante la falta de personal y la desprotección jurídica, los centros penitenciarios dejarán de ser lugares de custodia para convertirse en zonas de guerra donde el Estado ha perdido, por omisión, el control.
La seguridad de las prisiones españolas pende de un hilo, y ese hilo, según los profesionales, tiene nombre y apellidos: la falta de voluntad política de un Gobierno que sigue mirando hacia otro lado mientras sus empleados cuentan los minutos hasta la próxima agresión.
