Pese a la creciente indignación vecinal y la falta de autorización de la junta de propietarios, las cuadrillas intensifican los trabajos este viernes rompiendo fachadas e interiores comunes para instalar ventanas hacia los elementos compartidos del edificio.
ÚLTIMA HORA (Viernes 14 de agosto): Las obras no solo no se han detenido, sino que han pisado el acelerador. Hoy viernes, operarios de la empresa constructora han abierto múltiples huecos en los muros comunitarios para la instalación de nuevas ventanas, modificando sustancialmente las zonas comunes del inmueble de Benicalap ante la total impotencia de los residentes.
VALENCIA. – Indefensión, impotencia y una profunda sensación de desamparo institucional. Es el sentimiento devastador que domina y abrasa esta semana al vecindario del barrio valenciano de Benicalap, donde la tensión ha alcanzado niveles críticos en las últimas horas. Lejos de acatarse la legalidad o frenar los trabajos para entablar diálogo, la empresa inversora responsable de la conversión de los bajos del inmueble en una macropromoción de 22 apartamentos turísticos —bautizados tajantemente por los propios afectados como los «22 zulos»— ha redoblado hoy viernes el ritmo de las actuaciones, ejecutando perforaciones destructivas en zonas comunes compartidas por toda la finca.
Durante la jornada de hoy viernes, las cuadrillas de obreros han reanudado la actividad a primera hora con maquinaria pesada, abriendo numerosos huecos en las fachadas interiores y tabiques comunitarios para la colocación de carpinterías y ventanas. Estas nuevas aperturas dan directamente a los patios y pasillos compartidos del edificio, alterando de forma irreversible la arquitectura de los elementos comunes del inmueble. Todo ello se está llevando a cabo sin haber solicitado ni obtenido jamás la preceptiva aprobación de la Comunidad de Propietarios, un requisito tajante e inexcusable que establece la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para cualquier modificación edilicia que altere la estructura o estética comunitaria.
Aparato policial permisivo y aval municipal
La tensión vecinal llegó a su punto álgido a lo largo de la semana cuando los residentes, organizados en patrullas informativas para intentar frenar lo que consideran una flagrante ilegalidad en sus propios espacios privados, requirieron reiteradamente la intervención de la Policía Local de Valencia. Tras tres días consecutivos de llamadas angustiosas y alertas formales denunciando la ejecución de obras no autorizadas en elementos comunes, la respuesta de las patrullas policiales dejó estupefactos a los propietarios: los agentes se presentaron en el lugar pero permitieron que la piqueta siguiera destruyendo paramentos, alegando que la empresa constructora exhibía una licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento de Valencia.
«El Ayuntamiento, que debería ser el primer garante en velar por el cumplimiento estricto de las leyes y normas municipales, es el primero que se las salta o mira hacia otro lado mientras destrozan nuestra finca. Y hoy viernes siguen abriendo agujeros impunemente», denuncian con enorme amargura e indignación los portavoces vecinales.
Para colmo de irregularidades, los afectados recalcan un detalle sangrante: la preceptiva licencia municipal de obras ni siquiera se encontraba expuesta de forma visible en la fachada del inmueble para conocimiento público durante el inicio de los trabajos, incumpliendo la propia normativa de transparencia urbanística que exige la ordenanza local.
La opacidad de las licencias frente al derecho vecinal
El conflicto destapa una peligrosa grieta jurídica y una alarmante falta de coordinación institucional que deja a los ciudadanos de a pie en absoluta indefensión frente al capital especulativo. Aunque la obtención de un permiso de obras municipal verifica técnicamente el cumplimiento de parámetros urbanísticos generales, el Ayuntamiento no posee la potestad legal para otorgar licencias que habiliten la vulneración de los derechos de propiedad privada ni la intervención no autorizada en zonas comunes protegidas por la junta de propietarios.
Las asociaciones vecinales de toda la ciudad han estallado ante lo que califican como una «absoluta impunidad de los grupos internacionales de inversión» frente al desamparo de las familias residentas. Se critica con dureza que las autoridades municipales se escuden cínicamente en la tramitación administrativa de un trámite urbanístico para obviar las denuncias por ocupación e intervención en espacios comunitarios, delegando perversamente en los vecinos el desgaste económico y psicológico de emprender complejas, lentas y costosas acciones judiciales por la vía civil.
Un mismo rasero político: de Ribó a Catalá
El malestar desencadenado en Benicalap rebasa ya lo puramente urbanístico y entra de lleno en la arena de la confrontación política municipal. Desde las entidades vecinales se denuncia un doble rasero inflexible que varía de forma escandalosa según quién cometa la infracción: implacable y punitivo con el ciudadano de a pie que realiza una pequeña reforma, pero sorprendentemente permisivo y dócil ante los megaproyectos de los grandes tenedores e inversores especulativos.
La pasividad del consistorio en este gravísimo episodio ha reactivado el descontento social hacia la corporación municipal. Voces destacadas del tejido asociativo señalan que, a pesar del cambio de color político en el Ajuntament de Valencia, la dinámica de fondo respecto al modelo turístico abusivo y la presión asfixiante sobre los barrios residenciales no ha cambiado un ápice. Para los sectores críticos, la gestión de la actual alcaldesa, María José Catalá, muestra una evidente continuidad con las políticas de la anterior corporación liderada por Joan Ribó, demostrando que las promesas electorales de proteger la convivencia y frenar el descontrol de los pisos turísticos quedan reducidas a mero papel mojado en cuanto las piquetas empiezan a derribar portales.
«Las promesas vacías de contenido ya las hemos escuchado de anteriores gobernantes, por lo que nada ha cambiado: promesas y más promesas y cero soluciones para los vecinos totalmente desamparados», lamentan las familias afectadas. Mientras tanto, critican amargamente que la alcaldesa Catalá se encuentre de vacaciones —al igual que el presidente Pedro Sánchez— aplicando ante una crisis de convivencia la máxima de «piernas y a correr».
Llamamiento a la movilización masiva contra la «delincuencia urbanística»
Ante la escalada de los hechos vivida hoy viernes en Benicalap, diversos colectivos vecinales de toda Valencia, entre los que destaca la Asociación de Vecinos de Benimaclet, han elevado la alerta a nivel máximo y han lanzado un llamamiento urgente a la movilización masiva frente a lo que tachan abiertamente de «delincuencia urbanística contemplada con complacencia institucional».
Entre las exigencias inmediatas elevadas al Ayuntamiento de Valencia se encuentran:
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Paralización cautelar e inmediata de las obras en el edificio de Benicalap hasta que se acredite el pleno respeto a la Ley de Propiedad Horizontal y se aporten los permisos vinculantes de la junta de propietarios.
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Inspecciones urbanísticas exhaustivas de urgencia por parte de los técnicos municipales para verificar la ilegalidad real de las perforaciones y modificaciones ejecutadas en fachadas e interiores comunes.
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Transparencia e inspección rigurosa sobre la exhibición pública de las licencias otorgadas en las fachadas de todos los inmuebles intervenidos en la ciudad.
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Aprobación de una moratoria efectiva y contundente que impida de forma radical la proliferación de macropromociones de pisos turísticos en los bajos comerciales de edificios de viviendas.
Mientras los martillos neumáticos y las radiales siguen resonando hoy viernes en los bajos de Benicalap abriendo nuevos huecos ilegales en las zonas comunes, el vecindario ultima la interposición de medidas cautelarísimas ante los juzgados y sopesa calendarios de protestas en la calle para frenar un proyecto que atenta directamente contra su seguridad, su privacidad y la integridad de sus hogares.
