VALENCIA. — Las imágenes de las cargas policiales contra un grupo de docentes el pasado domingo por la tarde en la Avenida de Pío XII de Valencia han desatado un auténtico terremoto político y sindical en la Comunitat Valenciana. Lo que comenzó como una movilización en el marco de la huelga indefinida del profesorado ha derivado en un agrio enfrentamiento cruzado entre partidos políticos, sindicatos policiales y la Delegación del Gobierno, tensando al máximo el clima social en la región.
La mecha del conflicto se encendió cuando un grupo de profesores intentó cortar la circulación en una de las principales arterias de entrada y salida de la ciudad de Valencia. La intervención de los agentes de la Policía Nacional para desalojar la calzada se saldó con momentos de gran tensión y cargas que quedaron registradas en varios vídeos difundidos rápidamente por redes sociales. En las imágenes se aprecian escenas de notable contundencia que provocaron la indignación inmediata del colectivo docente y de diversas fuerzas políticas.
ERC exige explicaciones y la Delegación del Gobierno en la CV reacciona
La onda de choque institucional no se hizo esperar. Ayer mismo, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) registraba una petición formal exigiendo explicaciones urgentes a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La presión obligó a la Delegación a emitir un comunicado oficial para tratar de contener los daños de una crisis que amenaza con empañar las tres semanas de movilizaciones pacíficas que arrastra el sector educativo.
Desde las fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana se estructuró una respuesta en cuatro ejes clave para rebajar la tensión, aunque el efecto terminó siendo el opuesto en los sectores policiales. En primer lugar, la institución recordó que el derecho a manifestarse es un derecho constitucional que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben garantizar, equilibrándolo con la seguridad general de la ciudadanía.
Sin embargo, el punto de inflexión llegó en el segundo apartado de la nota oficial, donde la Delegación calificó los hechos visibles en las grabaciones de «intolerables» y anunció de forma taxativa el inicio de una «investigación exhaustiva para depurar responsabilidades». Tras este anuncio, hoy se ha confirmado la apertura de un expediente disciplinario al agente de policía que aparece de forma central en los vídeos de la polémica.
La Delegación del Gobierno también quiso poner en valor que la coordinación entre la Policía Nacional y los sindicatos convocantes de las protestas del profesorado valenciano había sido «ejemplar» durante las últimas tres semanas, lamentando profundamente que este incidente aislado empañara el trabajo previo. Asimismo, aseguraron que Pilar Bernabé mantiene un contacto permanente con los portavoces de la huelga indefinida.
La Policía responde con dureza: «Tú no vas a investigar nada»
La respuesta de la Delegación del Gobierno, lejos de calmar las aguas, ha desatado la indignación de los sindicatos policiales, que han salido en tromba a defender la actuación de sus compañeros y a criticar con extrema dureza a Pilar Bernabé. Uno de los comunicados más contundentes ha llegado por parte de la Confederación Española de Policía (CEP), que acusa a la delegada de romper la presunción de inocencia del agente expedientado antes de que concluyan las pesquisas reglamentarias.
«Tú no vas a investigar nada. Lo harán los órganos competentes, que decidirán algo que tú ya das por sentado, que es la culpabilidad de alguien», han replicado con dureza desde el sindicato policial, afeando a la delegada del Gobierno que actúe como «juez y parte» ante la opinión pública. El sindicato ha recordado el agravio comparativo que, a su juicio, cometen ciertos responsables políticos: «Luego pedimos respeto a la presunción de inocencia en otros ámbitos…».
«El derecho a manifestarse no es absoluto. Es mentira lo de que está por encima de cualquier otra circunstancia. La seguridad es para todos, y sobre todo si se están poniendo en riesgo vidas propias y ajenas cortando el tráfico». — Confederación Española de Policía (CEP)
Los representantes policiales defienden que la actuación en la Avenida de Pío XII era necesaria para restablecer el orden público y evitar males mayores, argumentando que la interrupción repentina de la circulación en una vía de alta velocidad supone un peligro real e inmediato para los conductores y para los propios manifestantes.
Tensión política con la vista puesta en las urnas
El choque ha tomado una deriva marcadamente política. El comunicado del sindicato CEP lanza una acusación directa a Bernabé, vinculando su celeridad en criticar la actuación policial con intereses de cara a las próximas elecciones municipales de 2027. «El trabajo de la Policía no se empaña. Está muy por encima de cargos políticos como tú, que corres a sacar pecho con nuestros éxitos en ruedas de prensa pero tardas ‘cero coma’ en juzgar y sentenciar. ¿Quizás porque en 2027 hay elecciones municipales?», concluye el duro escrito.
Por su parte, los sindicatos de profesores mantienen la convocatoria de huelga indefinida y denuncian lo que consideran una «desproporción injustificable» contra trabajadores de la enseñanza que defendían los servicios públicos. Las próximas horas serán clave para comprobar si la apertura del expediente administrativo logra calmar los ánimos de la comunidad educativa o si, por el contrario, la fractura abierta entre la Delegación del Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado enquista un conflicto que ya ha saltado de las aulas a los despachos oficiales y a la primera línea del debate político valenciano.
