La investigación judicial sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en un residencial de la playa de San Juan, en Alicante, ha vivido este viernes un nuevo episodio de tensión después de que tres altos funcionarios municipales citados como testigos no comparecieran ante la jueza instructora.
La magistrada ya ha ordenado que las nuevas citaciones les sean entregadas personalmente por la policía para evitar nuevas ausencias.
Los funcionarios que no acudieron al juzgado
Los tres técnicos municipales citados eran:
- Paloma Romero
- Pablo Torregrosa
- Antonio Faura
Los tres estaban llamados a declarar junto a cuatro funcionarios de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, que sí comparecieron este viernes.
Un técnico admitió que su unidad familiar obtuvo un piso
Durante la jornada, una de las funcionarias de la Generalitat declaró que mantenía una relación de confianza profesional con Roberto Palencia, el técnico que visó en solitario los expedientes de adjudicación.
Según su testimonio, tras estallar el escándalo se produjo una reunión interna en la que Palencia reconoció que:
- la unidad familiar que formaba junto a su pareja había obtenido una de las viviendas protegidas.
La funcionaria añadió que el técnico no admitió entonces otras posibles irregularidades relacionadas con otros adjudicatarios.
La jueza insiste en citarles
La magistrada instructora ha decidido volver a citar a los tres funcionarios municipales ausentes.
Además, ha ordenado que:
- las nuevas citaciones sean entregadas en mano por la policía,
- ante el temor de que vuelva a repetirse la incomparecencia.
Los abogados de las acusaciones populares, ejercidas por PSPV-PSOE y Ciudadanos, expresaron públicamente su sorpresa por la ausencia de los técnicos.
Qué investiga la justicia
La causa analiza si se produjeron irregularidades en la adjudicación de 140 viviendas protegidas situadas en la zona de la Condomina, una de las áreas más exclusivas de Alicante.
La promoción fue desarrollada sobre un solar municipal adjudicado entre 2018 y 2022.
La investigación trata de esclarecer si:
- determinadas personas vinculadas a cargos públicos,
- funcionarios municipales,
- o entornos próximos al Partido Popular,
accedieron de forma irregular a viviendas protegidas vendidas muy por debajo del precio de mercado.
Según la investigación, algunas de estas viviendas habrían sido adquiridas por unos 215.000 euros pese al elevado valor inmobiliario de la zona.
Quince investigados declararán entre mayo y junio
Actualmente hay quince personas investigadas en la causa.
Entre ellas figuran:
- Rocío Gómez
- y María Pérez-Hickman,
que dimitieron tras conocerse el escándalo.
Las declaraciones judiciales de los investigados están previstas entre el 20 de mayo y el 5 de junio en los juzgados de Benalúa.
