La polémica de las viviendas protegidas del residencial Les Naus sigue creciendo en Alicante. La comisión municipal creada para investigar la adjudicación de las viviendas sobre suelo que originalmente era municipal ha sufrido un nuevo revés después de que una concejala del Partido Popular haya rechazado nuevamente comparecer y el Ayuntamiento no haya conseguido localizar a uno de los exresponsables de Urbanismo implicados en la etapa anterior.
El caso continúa además bajo investigación judicial y ya afecta a quince personas, entre cargos políticos, funcionarios y adjudicatarios.
La exconcejal de Urbanismo del PP rechaza acudir a la comisión
La edil del Partido Popular Mari Carmen de España, responsable del área de Urbanismo durante parte del periodo investigado, ha comunicado por segunda vez que no acudirá a la comisión municipal de investigación.
La comparecencia tenía carácter voluntario y la concejala sostiene que durante su etapa al frente del departamento no intervino ni tramitó ningún expediente relacionado con las viviendas del residencial Les Naus.
Por este motivo, ha decidido no participar en las sesiones del órgano municipal encargado de analizar el proceso de adjudicación de las viviendas protegidas.
El Ayuntamiento no consigue localizar al exconcejal de Ciudadanos
La comisión también se ha encontrado con dificultades para citar al exconcejal de Urbanismo de Ciudadanos Adrián Santos.
Según la Policía Local de Alicante, los intentos para notificarle oficialmente la comparecencia han resultado infructuosos después de visitar varios domicilios vinculados al exedil.
Las gestiones realizadas apuntan a que Santos reside actualmente fuera de España y, según la información recabada durante las averiguaciones, se encontraría actualmente en Arabia Saudí.
La Policía Local ha comunicado oficialmente la imposibilidad de localizarlo para hacer efectiva la citación.
El caso Les Naus sigue aumentando la presión política
La investigación gira en torno al residencial Les Naus, una promoción de viviendas protegidas construida en Playa de San Juan sobre terrenos que anteriormente eran de titularidad municipal.
Las adjudicaciones están siendo investigadas por una jueza tras las dudas surgidas sobre el procedimiento seguido y los posibles conflictos de interés.
La polémica se intensificó a comienzos de año tras conocerse que la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, figuraba entre las adjudicatarias de una de las viviendas.
Poco después presentó su dimisión y actualmente también figura entre las personas investigadas judicialmente.
El alcalde Barcala sigue sin aclarar si comparecerá
La oposición municipal ha solicitado igualmente la comparecencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, después de que el exconcejal de Hacienda Toni Gallego afirmara en una comisión celebrada en Les Corts que Rocío Gómez le comunicó en julio de 2024 que era adjudicataria de una vivienda en Les Naus.
El pleno extraordinario para debatir esta cuestión está previsto para el próximo 24 de julio, aunque el alcalde todavía no ha confirmado si acudirá finalmente a dar explicaciones.
Quince investigados en la causa judicial
La investigación judicial continúa avanzando y ya alcanza a quince personas.
Entre los investigados figuran:
- La exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez.
- Funcionarios municipales relacionados con la tramitación.
- Técnicos de la Conselleria de Vivienda.
- Responsables de los visados de las viviendas protegidas.
- El promotor de la promoción inmobiliaria.
- Diversos adjudicatarios de los inmuebles.
También se encuentra investigada la antigua directora general de Contratación del Ayuntamiento de Alicante después de conocerse que familiares directos suyos figuraban entre los beneficiarios de viviendas en la promoción.
Un caso que sigue generando tensión política en Alicante
La negativa de algunos responsables políticos a comparecer y las dificultades para localizar a antiguos cargos municipales continúan alimentando la controversia en torno a uno de los asuntos urbanísticos más delicados de los últimos años en Alicante.
Mientras tanto, la comisión municipal y la investigación judicial siguen su curso con el objetivo de esclarecer si existieron irregularidades en la adjudicación de unas viviendas protegidas que debían destinarse a facilitar el acceso a la vivienda y que hoy se encuentran en el centro del debate político de la ciudad.
