La Audiencia Provincial juzga a una red que captaba a niñas tuteladas y vulnerables para explotarlas. La Fiscalía y la acusación popular solicitan penas de entre 8 y más de 20 años de prisión para los implicados.

Grave escenario delictivo en el plano de la protección de la infancia y la lucha contra las redes de explotación. Una segunda adolescente —que contaba con 16 años de edad en el momento de los hechos— ha declarado de forma contundente ante los magistrados de la Audiencia Provincial que recibió sustancias estupefacientes a cambio de mantener relaciones sexuales con el principal investigado de una red de trata. El proceso penal sienta en el banquillo a un grupo de seis hombres acusados de un abanico de delitos graves que incluye agresión sexual, trata de seres humanos, corrupción de menores en concurso con tráfico de drogas y coacciones viales sobre una niña de 14 años y esta segunda presunta víctima, hechos cometidos presuntamente entre 2022 y 2023.

La joven compareciente, que actualmente tiene 20 años, respondió durante varias horas a los interrogatorios de las defensas en una sesión celebrada estrictamente a puerta cerrada para blindar la intimidad de las víctimas. Al tratarse de una menor que se encontraba bajo el régimen de tutela de los Servicios Sociales públicos, el Gobierno regional se ha personado de forma directa en la causa como acusación, sumando cargos específicos contra el supuesto cabecilla de la trama, identificado bajo las iniciales J.I.P.

Captación de perfiles vulnerables en centros asistenciales

El origen de las investigaciones policiales se remonta al año 2023, cuando los integrantes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional interceptaron las primeras informaciones sobre una supuesta red dedicada a la captación de menores vulnerables radicadas en centros de protección de la provincia con el fin de explotarlas sexualmente. Aunque en los primeros estadios del caso las víctimas iniciales se retractaron por miedo y coacciones, el análisis forense de los teléfonos móviles permitió a los investigadores consolidar las pruebas de cargo.

Los informes técnicos determinan que el principal encausado aprovechó los problemas de adicción y exclusión de la víctima de 14 años para entablar una relación y, posteriormente, ofrecerla a sus contactos —los otros cinco acusados— para que mantuvieran encuentros sexuales a cambio de dinero, sustancias o regalos que, en muchas ocasiones, el cabecilla ni siquiera entregaba a la menor. El responsable policial de la UFAM ha testificado que resulta «inverosímil» la versión de los procesados, insistiendo en que el grupo buscaba de forma deliberada a estas jóvenes por sus graves problemas personales. Las citas se concertaban de forma ordinaria en la vivienda del líder, donde consumía alcohol, cocaína y cannabis junto a las menores.

Petición de penas de cárcel y órdenes de expulsión del país

Los restantes acusados de prostituir y agredir a las víctimas responden a las iniciales de J.G.C.M., V.M.G.V., C.O.G., P.O.F.H. y C.M.H.V. De los seis componentes del grupo, solo uno se encuentra actualmente en prisión preventiva, aunque por una causa independiente vinculada al tráfico de drogas a gran escala. Las defensas de los procesados fundamentan su estrategia en el denominado «error de prohibición», alegando de forma sistemática que desconocían la minoría de edad de las jóvenes debido a que estas fingían ser mayores para acceder a locales de ocio nocturno de adultos.

El Ministerio Fiscal ha tasado las solicitudes de condena en una horquilla que oscila entre los 8 y los 15 años de cárcel para los implicados, exigiendo de forma complementaria el pago de una indemnización global de 71.000 euros por daños morales y secuelas psicológicas. Asimismo, el Ministerio Público reclama la expulsión inmediata del territorio nacional de cuatro de los acusados una vez que alcancen el tercer grado de tratamiento penitenciario. Por su parte, la acusación institucional del Gobierno regional eleva su petición para el principal cabecilla por encima de los 20 años de prisión al incorporar los delitos de trata y coacciones sobre la segunda testigo. El tribunal prevé dejar el juicio visto para sentencia tras la declaración definitiva de los procesados en la última sesión de la próxima semana.