Madrid
El centro neurálgico de la política española, la Carrera de San Jerónimo, amaneció este miércoles blindada por un cordón policial, pero el verdadero muro no era de metal, sino de dolor. A las 11:00 de la mañana, el silencio se apoderó de las inmediaciones del Congreso de los Diputados. No hubo consignas a voz en grito al inicio; solo el sonido metálico de 47 sillas plegables al abrirse sobre el asfalto. Una por cada vida segada el pasado 18 de enero en el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba), y una última, situada en el centro, dedicada a «la memoria herida de un sistema ferroviario que sigue fallando a sus ciudadanos».
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, arropada por colectivos históricos como la Plataforma Alvia 04155, ha trasladado su centro de operaciones a Madrid para lanzar un órdago al Ejecutivo: o hay transparencia absoluta, o la batalla se librará en los tribunales europeos.
Un altar de madera y hierro frente a los leones
Cada silla portaba una fotografía, un nombre y una fecha de nacimiento. «Mi hijo no es una estadística de Adif, era un ingeniero de 28 años que confiaba en que la vía estaba revisada«, explicaba con voz quebrada Elena M., portavoz de la asociación y madre de una de las víctimas. El acto, cargado de una sobriedad cortante, buscaba confrontar visualmente a los legisladores con las consecuencias de lo que los afectados califican como «una negligencia técnica disfrazada de fatalidad».
La lectura del manifiesto, realizada a mediodía, fue un dardo directo a la gestión de la seguridad ferroviaria en España. Los familiares denunciaron que, tres meses después de la tragedia, el Ministerio de Transportes sigue sin facilitar los registros completos de mantenimiento de la unidad siniestrada y de los sensores de la vía en el tramo andaluz.
«Nos prometieron verdad y nos están dando burocracia. Nos prometieron acompañamiento y nos ofrecen indemnizaciones para que callemos. Pero la dignidad de nuestros muertos no tiene precio, tiene un nombre: Responsabilidad», rezaba el texto leído frente a las puertas de la Cámara Baja.
El factor político: Entre el apoyo y la distancia
Mientras la concentración ganaba fuerza, la actividad dentro del Congreso reflejaba la fractura que este accidente ha provocado en el arco parlamentario. Diputados de varios grupos de la oposición salieron a la escalinata para recibir a los portavoces de las víctimas, un gesto que fue interpretado por el bloque del Gobierno como un «intento de politizar el dolor».
Sin embargo, para las víctimas, la política es inevitable cuando las decisiones técnicas dependen de presupuestos y nombramientos directos. El foco de las críticas volvió a centrarse en el Ministro de Transportes, cuya gestión ha sido puesta en entredicho no solo por este accidente, sino por la cadena de incidentes en la red de Cercanías que ha marcado el inicio de 2026. Los manifestantes exigieron la creación inmediata de una Comisión de Investigación Independiente, similar a la que exige la normativa europea, que no esté compuesta por técnicos de las propias empresas implicadas (Renfe y Adif).
La sombra de Angrois: Una herida que no cierra
La presencia de representantes de la tragedia de Angrois (2013) dotó a la jornada de una relevancia histórica. «Estamos aquí para que las víctimas de Adamuz no tengan que esperar doce años para ver a un responsable en el banquillo, como nos pasó a nosotros», declaraba Jesús Domínguez, portavoz del colectivo Alvia.
Esta alianza entre víctimas de distintas tragedias evidencia una crisis de confianza profunda en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Según los expertos legales que asesoran a la asociación cordobesa, los errores sistémicos detectados en Adamuz —posible fallo en el sistema de frenado automático y una señalización defectuosa en un tramo en obras— guardan «parecidos alarmantes» con deficiencias señaladas hace años y que, presuntamente, no han sido subsanadas en su totalidad.
Hacia un horizonte judicial europeo
La concentración de hoy es solo el primer paso de una ofensiva que busca internacionalizarse. Durante el acto, se anunció que un equipo de abogados ya está preparando un dossier para ser presentado ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA). El objetivo es denunciar que España está incumpliendo las directivas de seguridad comunitarias al permitir que sea el propio Estado quien se investigue a sí mismo.
«Si las instituciones españolas nos dan la espalda, Bruselas nos escuchará», sentenció Elena M. ante los medios de comunicación. La asociación ha dado un plazo de quince días al Ministerio para que haga públicos los informes de la «caja negra» del tren sin ediciones previas.
El ocaso de la jornada
Al caer la tarde, las sillas fueron recogidas una a una, pero el vacío que representaban parecía haberse quedado impregnado en la Carrera de San Jerónimo. Los familiares abandonaron la plaza con la promesa de volver cada mes hasta que la comisión parlamentaria arroje luz sobre las causas reales del descarrilamiento.
La jornada concluyó con un minuto de silencio que solo fue roto por el aplauso espontáneo de los transeúntes. Madrid, hoy, no solo ha escuchado el paso de los trenes, sino el grito de quienes exigen que la seguridad sea un derecho y no una opción sujeta a presupuestos. El Gobierno tiene ahora la pelota en su tejado: transparencia o el desgaste de una marea de familias que, según aseguraron, «ya no tienen nada que perder porque ya lo perdieron todo en aquella vía».
