VALÉNCIA – El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia ha dictado un contundente auto que pone en jaque la transparencia de la gestión municipal encabezada por María José Catalá. En una resolución fechada el 3 de junio de 2025, el magistrado Manuel Alcover Povo ha ordenado la ejecución forzosa de una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Valéncia a entregar el expediente administrativo por el cual se concedió asistencia jurídica pública a un particular vinculado a la administración.
La decisión judicial no solo exige la entrega inmediata de la documentación, sino que lanza una advertencia sin precedentes a la alcaldesa: si el consistorio no identifica en un plazo de diez días a un responsable directo de cumplir esta orden, la propia María José Catalá Verdet será considerada la autoridad responsable a efectos legales y penales.
Un muro de silencio que llega a su fin
El origen de este conflicto jurídico se remonta a una resolución municipal del 2 de enero de 2023. En aquel momento, el Ayuntamiento de Valencia denegó a la entidad Súper-Gourmet Mercado Central S.L. el acceso a los detalles de un acuerdo municipal específico. Dicho acuerdo autorizaba el uso de recursos públicos para la defensa jurídica de D. Jorge Aguado, funcionario municipal, en el marco de las Diligencias Previas 51/2020 ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia.
Tras un largo proceso, la justicia dictaminó el 13 de julio de 2023 que el Ayuntamiento vulneró el derecho de acceso a la información y anuló la negativa municipal, reconociendo el derecho de la empresa demandante a conocer cómo y por qué se otorgó dicha asistencia legal. Sin embargo, pese a la firmeza de la sentencia, el gobierno municipal optó por la inacción.
El magistrado señala en el auto actual que la administración «no ha presentado alegaciones en el plazo conferido» y que, a día de hoy, el fallo sigue sin cumplirse. Esta actitud de rebeldía administrativa es lo que ha motivado que el juzgado active los mecanismos de ejecución inmediata.
Multas y posibles responsabilidades penales
El auto número 182/25 es especialmente severo en sus apercibimientos. Basándose en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el juez advierte que la persistencia en el incumplimiento acarreará consecuencias personales para las autoridades involucradas:
-
Multas coercitivas: Se establece la imposición de sanciones económicas de entre 150 y 1.500 euros, que podrán ser reiteradas periódicamente hasta que el expediente sea entregado.
-
Responsabilidad penal: El tribunal avisa de que se podrá «deducir testimonio de particulares», lo que supone dar traslado a la Fiscalía para que investigue si existe un posible delito de desobediencia o prevaricación.
«Procede ordenar la ejecución inmediata de la Sentencia, con las advertencias que tienen su fundamento en el artículo 112 [de la Ley]», reza el razonamiento jurídico del magistrado.
La sombra del caso en el Ayuntamiento
El expediente que el Ayuntamiento de Valencia se resiste a entregar es una pieza clave para entender el uso de fondos públicos en litigios privados. La entidad Súper-Gourmet, representada por el letrado Alfredo García López-Amo, ha logrado que la justicia exija no solo el expediente genérico, sino el «acuerdo expreso por el que se otorgó tal asistencia» al funcionario en un litigio del Consistorio contra la empresa que finalmente perdió el Consistorio Municipal.
Además del varapalo político, el Ayuntamiento ha sido condenado al pago de las costas procesales derivadas de este incidente de ejecución, al considerar el juez que no existían «serias dudas de hecho o de derecho» que justificaran el retraso en el cumplimiento de la ley.
A día de hoy…el Ayuntamiento de Catalá sigue sin contestar
A día de hoy, el Ajuntament de Valéncia sigue sin contestar al Juzgado, casi un año después, y la novedad es que el juez ha obligado al Ajuntament de Valéncia a aportar el acta de la Junta de Gobierno Local que autorizaba mediante acuerdo a la asistencia letrada y además pone a la máxima autoridad municipal como responsable directa y en caso de que inmediatamente no se conteste con el acta en cuestión será puesto en conocimiento de la Fiscalía para que eleve investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa contra María José Catalá. Un año después se ha pedido la ejecución de la Sentencia porque el Ayuntamiento ni ha dado la información ni ha contestado el auto del juez.
Es llamativo que la alcaldesa por el mismo motivo tiene otra causa abierta, en este caso es por la asistencia letrada en el caso que se investiga contra el ex-alcalde de Valencia Joan Ribó al permitir que Alboraya construyera una piscina cubierta sobre terreno municipal de Valencia propiedad del Ajuntament de Valéncia y serigrafiado como de Huerta Protegida.
Fuentes consultadas por este diario del propio Consistorio Municipal aseguran que no recuerda que en ningún caso se llevara a Junta de Gobierno Local estos temas y fue directamente la alcaldesa la que decidió otorgar la asistencia letrada municipal, ya que los servicios jurídicos municipales dependen directamente de alcaldía «Presuntamente» saltándose las normativas al respecto.
Los valencianos ponemos abogados del ayuntamiento a decisión parece que unilateral de Catalá en los casos que ella decide sin pasar por Junta de Gobierno como parece ser preceptivo… Los problemas se acumulan para el Consistorio de María José Catalá en un final de legislatura intrépido, con varias investigaciones judiciales, como la del crucero (celebrado ya 3 veces) fallero por Santiago Ballester, como la que ahora investiga contrataciones en el Puerto de Valencia y en organismos autónomos y éstas y otras decisiones de asistencia letradas, pero no son los únicos, ya que Libertad VCF también la ha llevado ante la justicia por el tema de los terrenos del Nuevo Mestalla, aunque la ATE está caducada mantiene los privilegios urbanísticos al Valencia CF de Peter Lim, pero visto el estadio low cost y los proyectos no se asemejan en nada a los originales por los que se dieron esos privilegios urbanísticos -según defienden desde Libertad VCF-.
Un final de legislatura judicializado en muchos aspectos que pueden llegar a alargarse hasta elecciones y estallarle en la cara a la actual alcaldesa de Valencia, que nubla su futuro o al menos se lo ponen bastante más difícil…
