VALENCIA – El sistema público de pensiones en España se enfrenta a una de sus semanas más decisivas en el ámbito de la presión social. Bajo el lema «Blindar las pensiones en la Constitución es defender el Estado del Bienestar», la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) ha convocado para este jueves, 26 de febrero, una ambiciosa Jornada Estatal de movilización que abarcará más de un centenar de puntos en toda la geografía española.
La convocatoria no es solo un acto de protesta, sino un movimiento estratégico que busca elevar el rango jurídico de las pensiones para que dejen de ser un elemento de disputa política o una variable de ajuste económico ante crisis internacionales.
El despliegue en la Comunidad Valenciana
La movilización tendrá una incidencia especial en la Comunidad Valenciana, donde se han confirmado trece puntos de encuentro clave. Las concentraciones, que se reparten entre las capitales de provincia y municipios de gran densidad poblacional, buscan descentralizar la reivindicación y llevar el mensaje al corazón de las localidades.
Entre las citas más destacadas figuran la de Valencia capital, frente a la Plaça de San Llorenç a las 12:00 h, y la de Castellón en la Plaça María Agustina a la misma hora. Localidades como Gandía, Paterna, Buñol y Altea también se sumarán al mediodía, mientras que poblaciones como Torrente y Mislata han optado por horarios vespertinos para facilitar la asistencia de la población activa.
Un frente común: 500 organizaciones y un solo objetivo
Lo que distingue a la MERP de otras plataformas es su naturaleza transversal. Actualmente, está constituida por más de 500 organizaciones que representan un abanico ideológico y sectorial muy amplio. Desde sindicatos y asociaciones vecinales hasta colectivos culturales y partidos políticos de distinto signo, todos coinciden en una única demanda: la modificación de la Constitución Española.
El objetivo es claro: reformar la Carta Magna para incluir una prohibición expresa que impida a cualquier gobierno, presente o futuro, reducir el poder adquisitivo de las pensiones o avanzar hacia la privatización, total o parcial, del sistema público.
«En una situación internacional y nacional convulsa, el sistema público de pensiones es constantemente cuestionado», afirman portavoces de la plataforma. «El año pasado cerró con presiones de la OCDE para ampliar el cálculo de la pensión a 35 años. Sabemos que las exigencias para aumentar el gasto en otras partidas o los conflictos arancelarios ponen en peligro directo el sustento de millones de personas».
El respaldo de la judicatura: El Manifiesto de los 100
Uno de los hitos de esta jornada será la presentación oficial de un Manifiesto Jurídico que aporta una pátina de rigor técnico y legal a la movilización. Un grupo de 100 juristas de renombre ha suscrito un documento donde se argumenta la viabilidad y necesidad de este blindaje constitucional.
La lista de firmantes incluye nombres que forman parte de la historia judicial y política de España, como los magistrados y juristas Baltasar Garzón, Manuela Carmena, Cristina Almeida, José Antonio Martín Pallín, Diego López Garrido y el ex-fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Su apoyo pretende demostrar que el blindaje no es solo un deseo social, sino una necesidad jurídica para garantizar la seguridad económica de las próximas generaciones.
Un contexto de incertidumbre económica
La movilización llega en un momento de gran sensibilidad económica. Con la inflación y la reconfiguración de los presupuestos estatales sobre la mesa, la MERP advierte que las pensiones son «el último dique de contención» de las familias españolas. El argumento de la plataforma es que, al elevar las pensiones al estatus de derecho fundamental, se evitaría que las recomendaciones de organismos internacionales, como la OCDE o el FMI, se traduzcan de forma automática en recortes de derechos adquiridos.
La jornada del 26 de febrero promete ser un termómetro de la capacidad de movilización ciudadana frente a uno de los pilares más sensibles del contrato social en España. La lectura de los manifiestos en las plazas no será el final del camino, sino el inicio de una nueva fase de presión legislativa para que el Congreso de los Diputados tome nota de una demanda que, según los organizadores, «no entiende de siglas, sino de dignidad».
