MISLATA – El tablero político y judicial de Mislata ha sufrido un vuelco definitivo. Lo que durante años fue una denuncia sostenida por la oposición y las familias de las víctimas, hoy ha tomado forma de evidencia judicial. Tras la reciente declaración de un técnico del Ayuntamiento ante el juzgado de instrucción, en la que ha confirmado que la licencia aprobada no autorizaba la actividad real que desarrollaban los feriantes, el Partido Popular ha lanzado una ofensiva política sin precedentes contra el alcalde socialista, Carlos Fernández Bielsa.
El portavoz del PP en el municipio, Fernando Gandía, ha sido tajante al valorar las últimas revelaciones: «Bielsa debe asumir responsabilidades. Es inaceptable que una feria infantil con más de 30 atracciones empezara a instalarse y operar sin que el Ayuntamiento hubiera emitido la licencia pertinente». Para la formación conservadora, este testimonio judicial no es un hecho aislado, sino la prueba definitiva de un «cúmulo de negligencias» que ha marcado la gestión del PSOE desde el trágico accidente.
Un castillo de naipes basado en omisiones
El relato de los hechos que se desprende de las sedes judiciales dibuja un escenario de absoluta falta de control administrativo en una actividad que, por su naturaleza, implicaba el uso masivo por parte de menores de edad. Según ha detallado Gandía, la cadena de errores afecta a todos los estratos de supervisión.
Por un lado, la investigación de la Policía Nacional ya apuntaba que el ingeniero contratado por los feriantes ni siquiera estuvo físicamente en el recinto para verificar la seguridad de las instalaciones. Por otro, el técnico municipal ha declarado que no supervisó el recinto alegando que no entraba dentro de sus competencias directas.
«Aquí nadie controló nada. El Gobierno de Bielsa dejó sola a la ciudadanía, dejó desamparadas a las familias e ignoró el sentido común. Una instalación pública para menores y nadie del Ayuntamiento comprobó que estuviera en regla. Eso no es un error: es una dejación de funciones flagrante», denunció el portavoz popular con dureza.
El muro de silencio institucional
Más allá de las irregularidades administrativas, el PP ha puesto el foco en la vertiente humana y ética de la gestión municipal. El caso de Vera y Cayetana, las dos niñas que perdieron la vida tras el vuelo del castillo hinchable debido a las fuertes rachas de viento en enero de 2022, sigue siendo una herida abierta en la localidad.
Gandía lamenta que el consistorio no haya estado «a la altura de las circunstancias» en el trato hacia los allegados de las víctimas. Según el PP, lejos de facilitar la labor de la justicia o acompañar a los padres en el proceso de duelo y reclamación, el equipo de gobierno socialista ha adoptado una «actitud defensiva, opaca y poco colaborativa».
Las familias han insistido reiteradamente en que se investigue a los concejales responsables de las áreas de Fiestas e Industria, figuras clave en la cadena de mando que permitió la apertura del recinto ferial. Sin embargo, la formación popular recuerda que el PSOE utilizó su mayoría para «tumbar» la creación de una comisión de investigación que pretendía arrojar luz sobre las sombras del expediente administrativo.
«Justicia para Vera y Cayetana»
El paso del tiempo no ha rebajado la tensión. Han pasado cuatro años desde aquel fatídico día de Reyes, y el cierre de la instrucción parece ahora más cerca de señalar responsabilidades políticas directas. El PP subraya que la gestión del PSOE ha quedado «retratada» por una serie de contradicciones: licencias inexistentes, técnicos que alegan desconocimiento y cargos electos que evitaron intervenir.
«Mislata merece saber quién tomó las decisiones y quién las omitió», sentenció Fernando Gandía al cierre de su comparecencia. Para el líder de la oposición, la prioridad absoluta debe ser la depuración de responsabilidades para que el caso no quede impune. El objetivo final, aseguran, es que se haga justicia por la memoria de las dos menores fallecidas y que se garantice que ningún otro vecino de Mislata vuelva a estar bajo la tutela de una administración que, a ojos del PP, «miró para otro lado» cuando más se necesitaba su vigilancia.
El Ayuntamiento, por su parte, mantiene su postura de respeto a los tiempos judiciales, aunque la presión social y política sobre la figura de Carlos Fernández Bielsa alcanza ahora su punto más crítico desde que ostenta la vara de mando. La batalla por la verdad en el «caso del hinchable» entra en su fase decisiva.
