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La asociación civil denuncia la «inacción» de Les Corts ante el requerimiento de Francina Armengol formulado hace siete meses.
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Califican la situación de «inaudita y lesiva» y reclaman al President de la Generalitat y a los grupos políticos que actúen con urgencia.
VALÉNCIA. – La Associació de Juristes Valencians (AJV) ha dado un paso al frente para desbloquear una de las reivindicaciones históricas más transversales de la Comunitat Valenciana. La entidad jurídica ha elaborado un contundente manifiesto, dirigido al Molt Honorable President de la Generalitat y a la totalidad de los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes, en el que urge a la designación inmediata de la delegación de diputados autonómicos encargada de defender ante el Congreso la reforma de la Constitución Española que permita reintegrar de forma efectiva el Derecho Civil Valenciano.
El texto, que nace con la vocación de aglutinar el respaldo masivo de líderes sociales, representantes de la sociedad civil y del ámbito municipalista, se publica en un contexto de profunda parálisis parlamentaria. Desde la asociación consideran intolerable el retraso acumulado, especialmente tras comprobar que otras comunidades autónomas han sabido aprovechar los mecanismos constitucionales con notable agilidad.
Siete meses de silencio en Les Corts Valencianes
El presidente de Juristes Valencians, José-Ramón Chirivella, se ha mostrado especialmente crítico con los tiempos de la política autonómica, calificando la coyuntura actual de «situación inaudita y lesiva contra los intereses de los valencianos». El descontento de la plataforma radica en que ya han transcurrido siete meses desde que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, solicitó formalmente a Les Corts la terna de representantes de la cámara autonómica.
Esta delegación tiene como única misión defender ante el pleno de la cámara baja la propuesta de reforma constitucional planteada inicialmente por Les Corts Valencianes en febrero del año 2020. Los promotores del documento apuntan de manera directa a la «inacción» y a la «actitud errática» del parlamento valenciano ante el requerimiento formal que la Presidencia del Congreso emitió el pasado 21 de octubre. A juicio de los firmantes de la iniciativa, mantener el silencio y no responder a dicho mandato institucional equivale, de facto, a «una renuncia política» en toda regla a recuperar uno de los pilares históricos más relevantes del autogobierno de la autonomía.
El espejo balear y el agravio comparativo
Para evidenciar la parálisis que sufre la propuesta valenciana, el manifiesto contrapone la situación con la vivida recientemente en el archipiélago vecino. El texto pone como ejemplo explícito de eficacia la actuación del Parlament Balear, una institución que atendió de forma inmediata un requerimiento de idéntica naturaleza emanado desde las Cortes Generales.
Gracias a esa celeridad institucional, las Illes Balears han logrado culminar con éxito la reforma constitucional necesaria para garantizar una representación propia a la isla de Formentera en el Senado. Los impulsores del manifiesto lamentan que, mientras otros territorios avanzan en la consolidación de sus derechos territoriales y de representación, la Comunitat Valenciana permanezca estancada por cuestiones burocráticas o falta de voluntad política en sus propias instituciones.
Una anomalía histórica que se arrastra desde 2016
La reclamación del Derecho Civil Valenciano no es una petición nueva, sino una herida identitaria y competencial que la sociedad valenciana arrastra desde hace siglos. El propio documento recuerda que la competencia civil propia de los valencianos fue eliminada de raíz tras la abolición de los Fueros del Reino de Valencia por el decreto de Nueva Planta dictado por el rey Felipe V.
A pesar de los significativos avances normativos logrados durante las últimas décadas de democracia y, de forma muy especial, mediante la reforma del Estatut d’Autonomia del año 2006, la vía judicial terminó por frustrar el autogobierno valenciano. En el año 2016, el Tribunal Constitucional anuló de forma sistemática las leyes valencianas de familia que el parlamento de la autonomía había aprobado en el legítimo ejercicio de dicha competencia estatutaria. Desde entonces, la vía de la reforma constitucional exprés se ha erigido como la única alternativa jurídica viable para devolver a la ciudadanía el control sobre sus propias leyes civiles.
El impacto real en los ciudadanos: familia y empresa
Los impulsores de este escrito insisten en que recuperar estas competencias no es un mero debate nominal, simbólico o de carácter identitario, sino que posee consecuencias de enorme calado para el día a día de los ciudadanos. El éxito de esta iniciativa posibilitaría la aprobación de leyes modernas y adaptadas a la realidad actual en materias sensibles como el derecho de familia o la regulación de una mayor libertad sucesoria.
Esta última cuestión se considera fundamental para el tejido económico valenciano, al ser calificada como una «herramienta básica» para asegurar la pervivencia y continuidad de la empresa familiar, así como para la protección y el relevo generacional en el sector de la agricultura local.
«No podemos permitirnos una nueva oportunidad perdida en la recuperación del Derecho Civil Valenciano», reza el manifiesto, apelando directamente a la responsabilidad institucional y a la unidad sin fisuras de todas las fuerzas políticas representadas en Les Corts.
La iniciativa cuenta con un amplísimo consenso social que engloba de manera transversal a instituciones públicas, entidades sociales de diversa índole, organizaciones empresariales, sindicatos, universidades, colegios profesionales y a la práctica totalidad del municipalismo de las tres provincias. La pelota se encuentra ahora en el tejado de la Generalitat y de los grupos parlamentarios, que deberán decidir si atienden la urgencia de la sociedad civil o prolongan una parálisis que perjudica el autogobierno.
